Ante el Aumento de Amenazas a la Comunidad de Inmigrantes de California, El Fiscal General Rob Bonta Proporciona Orientación a Instituciones Públicas Para Proteger Los Derechos de Los Inmigrantes Bajo La Ley

Publica modelos de políticas actualizadas y recomendaciones para las escuelas, librerías, centros de salud, juzgados, refugios, y agencias laborales en California 

SAN FRANCISCO – En respuesta a las amenazas inhumanas de arrestos masivos, detenciones, y deportaciones por la administración entrante de Trump, el Fiscal General Rob Bonta de California hoy publicó modelos de políticas actualizadas y recomendaciones para orientar a instituciones públicas en cumplir con leyes de California limitando participación estatal y local en actividades de control de la inmigración. Esta orientación, publicada por primera vez en el 2018, tiene como objetivo ayudar a personal en desarrollar planes prácticos para proteger los derechos de los inmigrantes y sus familias para acceder de forma segura a las instituciones públicas al limitar el apoyo a la actividad de control de la inmigración en estas instituciones. Aunque la orientación esta adaptada a ciertos tipos de instituciones públicas, cualquier institución que es accesible al público puede optar por adoptar una política similar para proteger los derechos y seguridad de sus patrocinadores. 

“No importa quien esté en la Casa Blanca, en California, continuaremos liderando con los valores de California. California es el estado más diverso en la nación, y los inmigrantes son el pilar de nuestra economía, historia, y cultura. Nosotros no estaremos desprevenidos si el presidente-electo sigue adelante con sus amenazas de deportaciones masivas,” dijo el Fiscal Bonta. “Varias instituciones públicas ya cuentan con políticas establecidas sobre cómo responder a las autoridades de inmigración – y aconsejamos a los que no tienen hacer hoy un plan. Mi oficina continuará utilizando la fuerza total de la ley y cada medio a nuestra disposición para proteger los derechos de los inmigrantes de California – y necesitamos que el personal en estos lugares críticos hagan lo mismo. Nosotros no podemos permitir que la máquina de deportación de Trump cree una cultura de miedo y desconfianza que impida a los inmigrantes el acceso a servicios públicos esenciales.”

El Fiscal General Bonta publicó orientaciones actualizadas para los juzgados, centros de salud, colegios y universidades, escuelas de K-12, agencias de labor, librerías públicas, y refugios. De estos lugares, juzgados estatales, centros de salud público, y escuelas públicas son requeridos en aplicar el modelo de políticas o políticas equivalentes; a todas de las demás instituciones se les anima que lo hagan. La orientación y modelo de políticas, que han sido actualizadas para ser coherente con toda jurisprudencia estatal y federal, está disponible aquí: 

1. Orientación y modelo de políticas para ayudar a las cortes superiores de California
2. Orientación y modelo de políticas para ayudar a los centros de salud de California  
3. Orientación y modelo de políticas para ayudar a los colegios y universidades de California
4. Orientación y modelo de políticas para ayudar a las escuelas K-12 de California
5. Orientación y modelo de políticas para ayudar a la División de Cumplimiento de Normas Laborales, Junta de Relaciones Laborales Agrícolas, y la División de Compensación de los Trabajadores
6. Orientación y modelo de políticas para ayudar a las librerías públicas de California
7. Orientación y modelo de políticas para ayudar a los refugios de California

Cada modelo de política fue desarrollado originalmente en consulta con una amplia gama de partes interesadas, defensores, y agencias estatales y locales, y cada uno: (1) describe las protecciones federales y estatales correspondientes para todos los individuos buscando acceso a instituciones públicas; (2) proporciona recomendaciones políticas que cumplen con las leyes federales y estatales, y que pueda mitigar las interrupciones de las medidas de inmigración en la institución; y (3) enumera modelo de políticas que pueden ser adoptadas por la institución. Dependiendo en el tipo de institución, puede incluir políticas para:    

• Prohibir la colección desautorizada o la divulgación de información que pueda indicar la nacionalidad o el estatuto de inmigración del individuo o de la familia;
• Proporcionar notificación de los derechos de privacidad individual y familiar a todos los que deseen utilizar los recursos de la institución;
• Dirigir al orden público a un persona o personas designadas, tal como un administrador o asesoramiento jurídico, que tendrá la autoridad en responder a las solicitudes relacionadas con las autoridades de inmigración;
• Identificar lugares restringidos y no públicos dentro la institución;
• Documentar todas las solicitudes relacionadas con las autoridades de inmigración; y
• Capacitar a los trabajadores del procedimiento de la institución en cómo manejar las solicitudes relacionadas con las autoridades de inmigración.

La orientación y modelo de la política aconseja a las instituciones públicas que trate a todas las agencias del orden público que trata de hacer cumplir la ley migratoria igual. Sin embargo, Californianos deberían de estar consciente de Ley del Senado 54 (Estatuto de 2017) – también conocido como “Acta de Valores de California” – prohíbe al estado y agencias locales del orden público ayudar a las fuerzas de inmigración, con algunas excepciones. Si usted cree que una agencia de orden público del estado o local, una institución pública y sus empleados ilegalmente están asistiendo con fuerzas de inmigración, repórtelo a nuestra oficina al oag.ca.gov/report.

El audio en español del Fiscal General está disponible por solicitud enviando un correo electrónico a agpressoffice@doj.ca.gov.