Departamento de Justicia de California Publica Informe Sobre la Muerte de Juan Luis Olvera-Preciado

La investigación y la revisión determinan que los cargos penales no están respaldados por la evidencia

DOJ emite recomendaciones de políticas y prácticas relacionadas con el incidente

OAKLAND – El Fiscal General de California, Rob Bonta, de conformidad con el Proyecto de Ley 1506 (AB 1506) de la Asamblea, publicó hoy un informe sobre la muerte de Juan Luis Olvera-Preciado. Olvera-Preciado era un residente inocente que murió por un tiro por un oficial del Departamento de Policía de Guadalupe (GPD) durante la persecución de otro individuo el 21 de Agosto de 2021. Después de una investigación exhaustiva y una revisión completa de las pruebas, el Departamento de Justicia de California (DOJ) ha determinado que, en base a la totalidad de las circunstancias, los cargos penales en este asunto no están respaldados por la evidencia. Como lo requiere AB 1506, el Fiscal General también ha emitido recomendaciones específicas de políticas y prácticas relacionadas con el incidente.

“Mi corazón está con la familia del Sr. Olvera-Preciado, los amigos y todos aquellos que lo conocieron,” dijo el Fiscal General Bonta. “Su muerte fue trágica y no hay nada que pueda compensar la pérdida de un ser querido. Si bien mi oficina ha determinado que la evidencia no respalda los cargos penales contra el oficial involucrado, estamos haciendo recomendaciones directas al Departamento de Policía de Guadalupe para ayudar a aumentar la confianza pública y mantener seguras a nuestras comunidades. Según lo requiere AB 1506, mi oficina continuara haciendo nuestra parte para realizar investigaciones justas y brindar transparencia en torno a los tiroteos en los que participan oficiales en nuestro estado.”

El 21 de Agosto de 2021, el oficial de GPD Miguel Jaimes y otro oficial se pusieron en contacto con un individuo previamente conocido, sospechoso de haber iniciado un pequeño incendio esa misma noche y que tenía dos órdenes de arresto pendientes, aproximadamente a las 9:47 p.m. Al entrar en contacto con los oficiales, el individuo supuestamente huyo de ellos, ignorando múltiples órdenes de mostrar sus manos. Durante una corta persecución a pie, según los informes, el individuo se golpeo el brazo derecho como si tuviera un arma y más tarde se encontró en la escena un soplete de butano negro que pertenecía al sospechoso. En respuesta, el oficial Jaimes disparo tres veces al individuo. Estos disparos fallaron al individuo que cayó al suelo y fue arrestado. Sin embargo, Olvera-Preciado, un residente inocente que, según los informes, no era visible para los oficiales, fue encontrado posteriormente muerto cerca de su automóvil por una herida de bala. La investigación indico más tarde que la bala del oficial probablemente reboto en el suelo, viajo aproximadamente 174 pies, entro en la puerta de un automóvil ligeramente entreabierta y finalmente mato al difunto como resultado de una herida en la cabeza.

El Departamento de Justicia de California investigó y revisó el tiroteo que resultó en la muerte del Sr. Olvera-Preciado de conformidad con la sección 12525.3 del Código del Gobierno de California, que se promulgó como resultado de AB 1506. El informe publicado hoy es el paso final en la revisión de DOJ del tiroteo fatal y se limita únicamente a determinar si se deben presentar cargos penales contra los oficiales involucrados y recomendaciones de políticas y prácticas. Si bien el informe no abarca ni comenta ninguna posible acción administrativa o civil, sí contiene un resumen detallado del incidente y la investigación, un análisis legal exhaustivo y recomendaciones de políticas y prácticas hechas a GPD.

El DOJ llevo a cabo una investigación integral, objetiva e independiente del incidente. En total, se entrevistó a dos policías, cuatro socorristas, 18 testigos civiles, y el Departamento de Justicia llevó a cabo cientos de horas de investigación. Como parte de la revisión del incidente, la evidencia analizada incluyó entre otras cosas, fotografías de la escena del crimen, evidencia física, declaraciones de testigos, el informe de la autopsia y análisis forense de balística y armas de fuego, huellas dactilares y ADN. Después de un análisis detallado, el Departamento concluyó que había pruebas sustanciales de que el oficial Jaimes actuó en defensa propia y en defensa de los demás. Según la doctrina de la intención transferida, cuando un individuo usa la fuerza letal en defensa propia legal o en defensa de otros, la falta de intención criminal del individuo para el homicidio del objetivo previsto se transfiere al muerte del residente inocente. Por lo tanto, de acuerdo con las normas legales aplicables, no existe prueba suficiente para formular cargos penales.

Por separado, según lo requiere AB 1506 el Fiscal General ha emitido varias recomendaciones de políticas y prácticas a GPD en relación con el incidente. Entre esas recomendaciones, GPD debería:

• Revisar su política sobre imágenes de cámaras corporales para establecer que un oficial deberá activar sus cámaras corporales durante las paradas de investigación;
• Prohibir a los agentes que despliegan fuerza letal o son testigos de un tiroteo en el que participe un agente de hablar sobre el incidente entre ellos y evitar escenarios en los que los agentes estén solos entre sí para preservar la integridad de la investigación inmediatamente después de un incidente;
• Publicar claramente las políticas departamentales en el sitio web de la agencia según lo exige la ley para apoyar el acceso público;
• Actualizar las políticas de uso de la fuerza para que sean consistentes con las mejores prácticas y la ley estatal, incluso dejando en claro que la ley estatal no autoriza el uso de estrangulamientos;
• Exigir a los oficiales que utilicen técnicas de desescalada, tácticas de intervención en crisis y otras alternativas a la fuerza cuando sea factible;
• Desarrollar orientación sobre políticas relacionadas con la conciencia situacional para minimizar el riesgo de daño a transigentes inocentes en lugares residenciales; y
• Hacer que las políticas antes mencionadas cumplan con la ley estatal dentro de los 90 días y brindar capacitación obligatoria a todo el personal sobre las políticas revisadas.

El Departamento de Justicia de California, de conformidad con AB 1506, debe investigar todos los incidentes de disparos por parte de un oficial que resulten en la muerte de un civil desarmado en el estado. Históricamente, estos incidentes críticos en California han sido manejados principalmente por las agencias policiales locales y los 58 fiscales de distrito del estado. Sin embargo, promulgada como ley el 30 de Septiembre de 2020, y vigente desde el 1 de Julio de 2021, AB 1506 proporciona al DOJ una herramienta importante para ayudar directamente a construir y mantener la confianza entre las fuerzas del orden público y las comunidades a las que sirven mediante la creación de un mandato para un fiscal estatal independiente para investigar y revisar los tiroteos de un oficial que resultaron en la muerte de civiles desarmados en todo California. Más información sobre las funciones y responsabilidades del Departamento de Justicia de California bajo AB 1506 está disponible aquí: https://oag.ca.gov/ois-incidents.

Una copia del informe emitido hoy está disponible aquí. Una traducción del informe en español está disponible aquí.