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"Aprovecharse de los más vulnerables es reprobable", dijo el procurador general Becerra. "La sentencia de hoy pone sobre aviso a otras personas que quieran perpetrar estos delitos y permite que las familias inmigrantes trabajadoras sepan que nuestra oficina los protege. Me gustaría agradecer a las subprocuradoras Angela Rosenau y Marisol León, de nuestras oficinas de Los Ángeles y San Diego, por su inmensa labor en beneficio de las familias inocentes".
En diciembre del 2016, la Procuraduría presentó cargos penales y obtuvo órdenes de captura en contra de Cabrera y Rodas. La denuncia penal acusó a Cabrera de 22 delitos graves, que incluían hurto mayor, intento de perjurio y conspiración para practicar el derecho de forma ilegal. La Procuraduría también acusó a Cabrera y Rodas de conspiración para violar la Ley de Consultores de Inmigración.
Después de que se presentase la denuncia inicial, más víctimas salieron a la luz; por lo que el 14 de febrero de 2017, la Procuraduría presentó una demanda enmendada alegando 36 cargos por delitos graves y dos circunstancias agravantes.
Este caso ha requerido el esfuerzo conjunto de los fiscales y agentes especiales del Departamento de Justicia de California, la Procuraduría y los investigadores del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del condado de Los Ángeles.
El procurador general anima a las víctimas del fraude de servicios de inmigración, y otras personas que cuenten con información, a presentar sus denuncias en nuestra oficina. Las denuncias se pueden presentar a través de nuestra página web:
http://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company o llamando a nuestra oficina al 1 (800) 952-5225. Las denuncias se pueden presentar de forma anónima.