Immigration

Procuradora General Kamala D. Harris Presenta Alerta Sobre Posibles Estafas Dirigidas a los Inmigrantes y sus Familias

November 25, 2014
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO – La procuradora general Kamala D. Harris presentó hoy una alerta a los consumidores californianos sobre posibles estafas dirigidas a los inmigrantes y sus familias. Los cambios importantes en la política de inmigración de los Estados Unidos, como los que contienen las Acciones Ejecutivas por la Responsabilidad de la Inmigración (Immigration Accountability Executive Actions) del presidente Obama, anunciadas el 20 de noviembre de 2014, con frecuencia llevan a los estafadores a cazar consumidores vulnerables que buscan ayuda con los servicios de inmigración.

Utilizar asesores de inmigración no autorizados puede demorar su solicitud, generarle costos innecesarios y, posiblemente, derivar en procesos de deportación. Esta alerta al consumidor le proporcionará consejos sobre cómo evitar las estafas de servicios de inmigración y dónde puede informar dichas estafas.

DÓNDE OBTENER AYUDA:

Para obtener información general sobre el anuncio del presidente Obama, visite http://www.uscis.gov/immigrationaction (Ingles), http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria (Español).

Para obtener asesoramiento individual, debe comunicarse con un abogado que se especialice en leyes migratorias. Si necesita ayuda para encontrar un abogado, puede comunicarse con el Colegio de Abogados Estatal de California al (415) 538-2250 o en línea a través de http://www.calbar.ca.gov/Public/LawyerReferralServicesLRS.aspx. Si no cuenta con recursos para contratar a un abogado, puede encontrar información sobre organizaciones de ayuda legal cerca de su ubicación en el sitio web de la Junta de Apelaciones de Inmigración (Board of Immigration Appeals, BIA) en http://www.justice.gov/eoir/probono/freelglchtCA.pdf o en http://lawhelpca.org/issues/immigration.

A QUÉ ESTAR ATENTO:

Si ve un anuncio o se le acerca alguien que le ofrece ayuda con su situación migratoria, tenga mucho cuidado. Muchas de estas personas son asesoras de inmigración, no abogados, y lo que pueden hacer en materia legal es muy limitado, por lo que posiblemente no valga lo que le quieren cobrar. Si decide contratar un asesor de inmigración que no sea un abogado, a continuación le presentamos alguna información que puede ayudarlo a evitar perder miles de dólares o dañar su situación migratoria por culpa de estafadores que nunca cumplen con los servicios prometidos.

Las nuevas reglas de inmigración aún no se han implementado. Las autoridades federales de inmigración no están aceptando ningún tipo de solicitud en este momento. Tenga cuidado con cualquier persona que le ofrezca ayuda para presentar una solicitud para alguna de estas acciones antes de que estén disponibles. Para obtener información actualizada sobre los criterios de elegibilidad de estos programas y su disponibilidad, visite http://www.uscis.gov/immigrationaction o http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria. No le crea a nadie que le informe acerca de una ley de inmigración que no exista, que asegure tener conexiones o influencia especial en cualquier oficina o agencia del gobierno, o que haga referencia al Servicio de Inmigración y Naturalización (Immigration and Naturalization Service, INS) con respecto a las tarifas y los formularios. Estas declaraciones son fraudulentas.

Aléjese de cualquier abogado de inmigración que no tenga licencia o de cualquier asesor de inmigración que no esté acreditado. Si necesita asesoramiento legal sobre asuntos de inmigración, asegúrese de que la persona en la que confíe esté autorizada para ofrecer consejo legal. No se deje engañar, muchos asesores deshonestos afirmarán ser abogados o representantes acreditados. Para verificar si un asesor o abogado de inmigración tiene licencia para ejercer el derecho, consulte con el colegio de abogados estatal para verificar si la persona es un miembro activo del colegio de abogados del tribunal superior de cualquier estado de los Estados Unidos. Los abogados de otro país que no tienen licencia para ejercer en los Estados Unidos tampoco están autorizados a proporcionar servicios de inmigración dentro de los Estados Unidos. Para averiguar si una persona es un abogado licenciado para ejercer el derecho en California, ingrese su nombre aquí: http://members.calbar.ca.gov/fal/MemberSearch/QuickSearch. También puede consultar si un abogado de inmigración fue suspendido o expulsado de la práctica ante el tribunal de inmigración, la BIA o los servicios de inmigración (U.S. Citizenship and Immigration Services, USCIS) aquí: http://www.justice.gov/eoir/discipline.htm. Si trabaja con una persona que no es abogado, verifique si dicha persona es un representante acreditado de alguna organización reconocida por la BIA.

La ley no permite que los asesores de inmigración, notarios públicos y “notarios” le proporcionen asesoramiento legal. Solo los abogados pueden hacerlo. Los asesores de inmigración solo pueden proporcionarle asistencia y asesoramiento no legales. Por ejemplo, los asesores de inmigración pueden traducirle las respuestas a las preguntas en los formularios de inmigración u obtener copias de los documentos de respaldo. No pueden sugerirle las respuestas de los formularios ni decirle qué formularios debe presentar ante las autoridades federales de inmigración. Tenga mucho cuidado antes de pagarle dinero a cualquier persona que no sea un abogado o un representante acreditado de una organización reconocida por la BIA.

La ley no permite que los asesores de inmigración utilicen términos en otro idioma que sugieran que son abogados. Por ejemplo, los asesores de inmigración no pueden utilizar el término “notario” para describirse a sí mismos en anuncios u otro material escrito. En algunos países latinoamericanos, un “notario” es un abogado. Los inmigrantes provenientes de esos países pueden pensar que el asesor es un abogado cuando en realidad no lo es. Si un asesor de inmigración sugiere que es abogado cuando en realidad no es un abogado licenciado, usted puede presentar una queja para poner fin a sus prácticas deshonestas e ilegales aquí: http://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company.

La ley no permite que los asesores de inmigración realicen declaraciones falsas o engañosas, que proporcionen una garantía por escrito a menos que posean algún fundamento real para hacerlo, ni que realicen declaraciones acerca de contar con influencia especial en el gobierno federal.

La ley no permite que los asesores de inmigración le presten servicios si no cuentan con un contrato de asesores de inmigración. El asesor de inmigración debe proporcionarle una copia del contrato y del número de contrato antes de brindarle cualquier servicio. En el caso de que un asesor de inmigración lo estafe, o si no recibe los servicios prometidos, puede recuperar el dinero que pagó a partir del contrato. Para averiguar si el asesor de inmigración posee un contrato, comuníquese con la Secretaría del Estado de California (California Secretary of State) al (916) 653-4984 o visite http://www.sos.ca.gov/cgi-bin/bond_search.cgi

La ley no permite que un asesor de inmigración le cobre una tarifa por remitirlo a un abogado de inmigración

. Solo los servicios de remisión de abogados certificados por el colegio de abogados del estado pueden remitirlo a un abogado a cambio de una tarifa. Llame al Colegio de Abogados de California al (415) 538-2250 para obtener el número de teléfono del servicio de remisión del abogado certificado más cercano a su ubicación.

El sitio web de los USCIS contiene formularios descargables, una lista de las tarifas de presentación e información sobre los tiempos de procesamiento gratuitos. A veces, algunos asesores de inmigración le cobran una tarifa más alta que la de los USCIS para presentar los formularios de los USCIS y su solicitud de inmigración, asegurando que pueden presentar sus documentos más rápido. Estas declaraciones son falsas. Existen algunas excepciones a los tiempos normales de procesamiento de los USCIS, y puede descargar los formularios en línea de forma gratuita en: http://www.uscis.gov/forms o solicitarlos llamando al 1-800-870-3676. No le pague a nadie para obtener copias de los formularios de los USCIS, ya que puede descargarlos de forma gratuita. Los USCIS publican sus tarifas actuales de presentación en línea, o bien puede llamar al Servicio Nacional de Atención al Cliente de los USCIS al 1-800-375-5283 para obtener información sin cargo. Asegúrese de comparar las tarifas de presentación de los USCIS con las que cualquier asesor o abogado de inmigración intente cobrarle antes de pagar por sus servicios.

Tiene derecho a cancelar un contrato por servicios de asesoramiento de inmigración dentro de las 72 horas de haberlo firmado. Siempre conserve una copia del contrato para sus registros.

Nunca le proporcione sus documentos originales a un asesor de inmigración. Solo proporcione copias de los documentos importantes, como certificados de nacimiento y pasaportes.. Conserve los originales en un lugar seguro. La ley no permite que los asesores de inmigración conserven sus documentos originales.

Tenga cuidado con las estafas telefónicas. No sea víctima de los estafadores telefónicos que aseguran ser oficiales federales de inmigración. Estos estafadores, por lo general, solicitan información personal y un pago, y afirmarán que existe algún problema con su registro de inmigración. Si un estafador lo llama, puede decir: “No, gracias”, y colgar. Los oficiales federales de inmigración no lo llamarán para solicitarle una forma de pago por teléfono. No proporcione un pago mediante el teléfono a ninguna persona que asegure ser un oficial de los USCIS.

Sitios web .com. Algunos sitios web que ofrecen orientación paso a paso para completar una solicitud de situación de inmigración asegurarán estar afiliados con autoridades federales de inmigración. Para obtener información actualizada sobre los criterios de elegibilidad de estos programas y su disponibilidad, visite http://www.uscis.gov/immigrationaction o http://www.uscis.gov/es/accionmigratoria.

Ya sea que contrate a un abogado o a un asesor de inmigración, aquí le presentamos algunos consejos para protegerse:

Siempre obtenga un contrato por escrito que esté traducido a su idioma. Haga esta antes de proporcionarle dinero a un asesor o abogado de inmigración. Siempre solicite un contrato por escrito que esté en inglés y traducido a su idioma. El contrato debe describir los servicios de inmigración que el asesor de inmigración o el abogado le proporcionarán, el costo total de los servicios y el nombre completo, la dirección y el número de teléfono del asesor de inmigración o del abogado.

Lea todos los documentos detenidamente. Le recomendamos que se los lleve a su casa y los analice con un amigo o familiar antes de firmar cualquier documento. Asegúrese de que comprende el documento antes de firmarlo.

No dude en solicitar una segunda opinión. En caso de no estar seguro si su asesor o abogado de inmigración le está proporcionando asesoramiento confiable, no dude en buscar una segunda opinión. Llame al Colegio de Abogados de California al (415) 538-2250 para obtener el número de teléfono del servicio de remisión del abogado certificado más cercano a su ubicación.

Obtenga un recibo cada vez que le pague a un asesor o abogado de inmigración. El recibo debe describir el motivo del pago y cualquier saldo restante. Asegúrese de que el asesor o abogado de inmigración firme el documento e incluya la fecha.

Nunca firme ningún formulario de inmigración que no comprenda. Asegúrese de comprender lo que dice el formulario y que la información que contenga sea verdadera antes de firmarlo. Pídale a alguien en quien confíe que le traduzca el formulario a un idioma que comprenda. El asesor o abogado de inmigración no debe presentar ningún formulario ante el gobierno federal en su nombre si es demasiado complicado para que usted lo comprenda o si no comprende por qué lo presenta.

Nunca firme formularios que contengan información falsa o que estén en blanco. La mayoría de los formularios presentados ante el gobierno federal se sigan bajo pena o perjurio. Esto significa que usted sabe lo que dice el formulario y que es cierto a su leal saber y entender. Puede estar cometiendo un crimen si firma un formulario a sabiendas de que la información no es verdadera. Siempre conserve copias de todos los formularios que presenta para sus registros.

QUÉ HACER SI ES VÍCTIMA DE UNA ESTAFA:

El Departamento de Justicia de California (California Department of Justice), como organismo encargado de hacer cumplir la ley sobre protección del consumidor, recopila quejas relacionadas con fraudes por servicios de inmigración (“notarios”) con el fin de detectar patrones de delitos. Al presentar una queja contra un asesor de inmigración, contribuye a la capacidad de California de investigar y procesar a los delincuentes conocidos y evitar que el fraude de los notarios perjudique a otras personas. Para presentar una queja ante nuestra oficina, use uno de los siguientes formularios de queja:

English: http://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company

En Español: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_sp.pdf

中文: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_chin.pdf

Tiếng Việt: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_viet.pdf

 

Attorney General Kamala D. Harris Issues Statement on President Obama’s Immigration Action

November 20, 2014
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO – Attorney General Kamala D. Harris today issued the following statement on President Barack Obama’s Immigration Accountability Executive Actions: 

"I applaud President Obama for taking steps to fix our broken immigration system. These executive actions prioritize deporting felons not families, and will help restore trust between law enforcement and the communities they serve. This action will extend the American Dream to millions of individuals who want to come out of the shadows.”

Attorney General Kamala D. Harris Issues Bulletin to Law Enforcement on Federal Immigration Detainers

June 25, 2014
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO – Attorney General Kamala D. Harris today issued an information bulletin to California law enforcement agencies that provides updated information on their responsibilities and potential liability for complying with Immigration and Customs Enforcement (ICE) federal detainer requests for undocumented immigrants. The updated bulletin informs state and local law enforcement agencies of new requirements they face since enactment of the Transparency and Responsibility Using State Tool Act (TRUST Act) and new federal case law that creates legal risk for local law enforcement agencies that voluntarily comply with federal detainer requests.

“When local law enforcement officials are seen as de facto immigration enforcers, it erodes the trust between our peace officers and the communities they serve,” Attorney General Harris said. “Federal immigration detainers are voluntary and this bulletin supports the TRUST Act and law enforcement leaders’ discretion to utilize resources in the manner that best serves their communities.”

In December 2012, Attorney General Harris issued an information bulleting titled, “Responsibility of Local Law Enforcement Agencies under Secure Communities”, which clarified that federal immigration detainers issued under the Secure Communities program are not mandatory, but are merely requests enforceable at the discretion of the state and local agency. Since enactment of the TRUST Act and issuance of new federal case law, law enforcement agencies face additional limits in their discretion and possible liability when complying with federal immigration holds. Attorney General Harris issued the updated bulletin to clarify the factors that local law enforcement agencies should consider when they receive detainer requests.

The TRUST Act requires that continued detention under Immigration and Custom Enforcement (ICE) agency detainers must meet conditions laid out in state law. First, continued detention by state and local law enforcement agencies must “not violate any federal, state, or local law, or any local policy,” and second, the detainee’s criminal history must include serious or violent crimes, federal charges, or inclusion in  the California Sex and Arson Registry among other conviction criteria. Only if both of these conditions are met, then local law enforcement may continue to detain the individual.

Additionally, the bulletin confirms that ICE immigration detainer requests are not mandatory as stated by recent court rulings and correspondence from ICE’s Acting Director.

The information bulletin also informs state and local law enforcement agencies of potential legal liabilities that they may face when voluntarily complying with federal detainer requests. Citing a recent federal district court ruling in the District of Oregon in Miranda-Olivares v. Clackamas Co., the bulletin informs California law enforcement agencies “that because compliance with an ICE detainer is voluntary, a local agency could violate the Fourth Amendment by detaining an individual solely based on the request of ICE, without some other probable cause for arrest.”  The bulletin notes that if a California court adopts the reasoning of the district court in Miranda-Olivares, local jurisdictions could be held liable for damages for such an unlawful detention.

The bulletin also clarifies that the TRUST Act and new federal case law only address discretion to detain individuals and not a law enforcement agency’s discretion to otherwise cooperate with federal immigration officials.

To view Attorney General Harris’s information bulletin click here: http://bit.ly/1lcDrz9

Attorney General Kamala D. Harris Announces Arrest of Two Individuals Selling Counterfeit IDs

October 26, 2012
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SACRAMENTO -- Attorney General Kamala D. Harris today announced the arrest of two individuals each charged with 14 counts of forgery or counterfeiting of government identification cards and conspiracy. The two individuals operated in a counterfeit identification ring that sold federal immigration documents (green cards), California identification cards and driver’s licenses, social security cards and passports.

Laurel Velasquez, 30, and Pedro Izehuatl, 45, of Sacramento were arrested on Wednesday after a four-month investigation by the California Department of Justice eCrime Unit and Special Crimes Unit. During the undercover operation, Velasquez and Izehuatl sold California Department of Justice Special Agents counterfeit driver’s licenses, green cards and a social security card.

In July 2012, the California Department of Justice received information about a potential counterfeit identification document ring and initiated an investigation which resulted in the identification of Laurel Velasquez as a seller of counterfeit items. Special agents subsequently conducted undercover operations from July to October 2012, during which they purchased dozens of counterfeit federal green cards, California driver’s licenses and a social security card from Velasquez for $100 each. The counterfeit green cards purchased were for individuals purported to be from Saudi Arabia, Pakistan, Egypt, Russia and China.

Special agents were able to determine that the counterfeit items were being manufactured by another individual and on several occasions special agents observed this other individual meeting with the seller just prior to the counterfeit items being sold.

On October 24, DOJ agents served search warrants on the seller’s residence and the suspected manufacturer’s residence. During the service of these search warrants, sophisticated equipment used to create counterfeit identity documents was seized and Velasquez and Izehuatl were arrested. Both were booked into the Sacramento County Jail. Arraignment of both individuals is scheduled for Monday in Sacramento County Superior Court.

During this investigation, the California Department of Justice worked with the U.S. Immigration and Customs Enforcement, the principal investigative arm of the U.S. Department of Homeland Security.

The eCrime Unit investigates and prosecutes identity theft crimes, cyber crimes and other crimes involving the use of technology.

The complaint is attached to the electronic version of this release at http://oag.ca.gov/news.

AttachmentSize
PDF icon Velasquez Complaint Redacted.pdf272.28 KB

Attorney General Kamala D. Harris Issues Warning on Potential Scams Targeting Young Immigrants

August 15, 2012
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO --- Attorney General Kamala D. Harris today warned Californians about potential scams targeting young immigrants seeking to participate in the federal government’s recently launched Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals program.

Beginning today, certain young immigrants who were brought to United States as children and meet several key guidelines may request consideration of deferred action for a period of two years, subject to renewal, and, as a result, may be eligible for work authorization. To learn more about the Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals program, please visit the U.S. Citizenship and Immigration Services’ website: http://www.uscis.gov.

While the California Attorney General’s Office has not yet received any citizen complaints of scams directly related to this new program, immigrants are often the target of consumer scams and should be vigilant in seeking assistance related to the Consideration of Deferred Action for Childhood Arrivals program.

To combat the threat of scams, Attorney General Harris has provided the following information and tips as eligible immigrants begin to apply for consideration:

If you are seeking help from an attorney:

  • Is the person offering legal services a lawyer licensed by the State Bar of California? You can check out an attorney online at http://www.calbar.ca.gov/ or by calling 1-800-843-9053.
  • If you cannot afford a private attorney, the Board of Immigration Appeals provides a list of attorneys who provide immigration services either for free or for very little cost. This list is available online at http://www.justice.gov/eoir/probono/states.htm. You can also contact your local legal aid office. For a referral, visit www.lsc.gov and click on the Find Legal Assistance tab.

If you are seeking help from an immigration consultant:

  • Immigration consultants are required to register with the California Secretary of State’s Office, and to post a $50,000 bond. You can check out an Immigration Consultant online at http://www.sos.ca.gov/business/sf/bond_search/ or by calling 1-916-653-3984.
  • It is against the law for an immigration consultant to give legal advice. An immigration consultant can only give you non-legal help, such as translating your answers to questions on U.S. Citizenship and Immigration Services forms.
  • Get a written contract signed and dated by the immigration consultant. Make sure the contract lists the full name and contact information for the immigration consultant, the services you were promised and how much you have agreed to pay. The contract must be written in both English and your language. You have the right to cancel the contract within 72 hours of signing the contract. You must cancel the contract in writing. Give only copies of original documents to the immigration consultant; keep your originals in a safe place.

If you have a complaint against an Immigration Consultant, please contact the California Attorney General’s Office. You can file a complaint online at https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company or by mailing your complaint to Office of the Attorney General, Public Inquiry Unit, P.O. Box 944255, Sacramento, CA 94244-2550.

Attorney General Kamala D. Harris Issues Statement on Supreme Court’s Ruling on Arizona Immigration Law

June 25, 2012
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO -- Attorney General Kamala D. Harris today issued the following statement regarding the U.S. Supreme Court’s decision on Arizona’s illegal immigration legislation:

“I am pleased with the Court’s decision, which strikes down some of the most egregious components of Arizona’s misguided law. It also signals potentially significant constitutional concerns with the law’s mandate on local police officers to act as enforcers of immigration law. As a career prosecutor and California’s chief law enforcement officer, my belief has always been that public safety requires trust and cooperation between law enforcement and the communities we serve. I believe today’s decision is an important step forward in setting aside policies that divide law enforcement from the communities we serve.”

Attorney General Kamala D. Harris Issues Statement on President Obama’s Immigration Announcement

June 15, 2012
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SACRAMENTO --- Attorney General Kamala D. Harris today released the following statement:

“The President is exactly right. Our law enforcement resources are limited, and should be directed towards dealing with serious and violent criminals.  There is no rationale for spending these precious resources on college kids, military members, small business entrepreneurs, and productive members of society who were brought here by their parents.  I applaud the President's leadership on this issue, and believe it takes us one step closer to the comprehensive immigration reform our nation needs.”

Attorney General Kamala D. Harris Files Amicus Brief in Supreme Court against Arizona Immigration Law

March 27, 2012
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO -- Attorney General Kamala D. Harris has filed a friend-of-the-court brief in the U.S. Supreme Court arguing against Arizona’s illegal immigration legislation.

The brief argues that decisions about who to remove from the United States and when to remove them are exclusively the prerogative of the federal government. States may not adopt a competing policy, as Arizona has done.

“Although Arizona claims that the law merely assists the federal government in the enforcement of federal law, the Arizona law in fact implements a distinct state policy on removal that supplants federally mandated enforcement priorities and disregards the federal requirement that state assistance in this area proceed under federal oversight,” the amicus brief states.

Attorney General Harris, joined by 10 other attorneys general, argued in a brief filed yesterday in the U.S. Supreme Court that it is in states’ interest to have a cohesive federal immigration policy. Oral arguments will be on April 25.

California has the largest undocumented immigrant population of any state, 2.5 million (6.8 percent), according to a 2011 report from the Pew Hispanic Center. California also has the largest percentage (9.7 percent) of undocumented immigrants in its labor force at 1.85 million.

California law has long provided basic protections for all California residents who comply with state law, while respecting the right of the federal government to enforce federal deportation policies. For example, California law expressly guarantees the same protection, rights and remedies, except those prohibited by federal law, to all who have applied for employment or who have been employed. California also allows students who are not legal residents to pay in-state tuition at state colleges and universities.

These laws focus on the health and welfare of California’s undocumented immigrants, but keep the federal government in charge of who can stay in the country.

California was joined in this amicus brief by New York, Connecticut, Hawaii, Illinois, Iowa, Maryland, Massachusetts, Oregon, Rhode Island and Vermont.

A copy of the brief is attached to the online version of this release at www.oag.ca.gov

AttachmentSize
PDF icon Amicus Brief240.42 KB

Brown Denies San Francisco Sheriff's Request to Opt Out of Secure Communities Program

May 25, 2010
Contact: (916) 210-6000, agpressoffice@doj.ca.gov

SAN FRANCISCO - In a letter sent today, Attorney General Edmund G. Brown Jr. declined San Francisco Sheriff Michael Hennessey's request to allow San Francisco to opt out of participating in Secure Communities, a national program that links the fingerprints of arrestees to a federal database maintained by Immigration and Customs Enforcement (ICE) that checks whether an arrestee is in this country illegally and has previously committed crimes.

"I think this program serves both public safety and the interests of justice,' Brown said. 'ICE's program advances an important law enforcement function by identifying those individuals who are in the country illegally and who have a history of serious crimes or who have previously been deported.'

California law designates the California Department of Justice to maintain the state fingerprint database for law enforcement purposes. When someone is arrested, the county forwards the fingerprints to the DOJ to identify the person, determine his or her criminal history and to discover any outstanding warrants. As in every other state, the DOJ then forwards those fingerprints to the FBI to check for any history of criminal activity outside of the state. Under the Secure Communities program, the FBI also forwards fingerprints collected at arrest to ICE. Before the inception of Secure Communities allowing fingerprint identification, if a county suspected an arrestee was in the country illegally, the county submitted the person's name to ICE for a background check.

Brown's letter is below:

Sheriff Michael Hennessey
City and County of San Francisco
Room 456, City Hall
Dr. Carlton B. Goodlett Place
San Francisco, CA 94102

RE: Secure Communities

Dear Sheriff Hennessey:

I am writing in response to your letter regarding the Secure Communities program developed by U.S. Immigration and Customs Enforcement (ICE). The program is scheduled to be rolled out in San Francisco next month. You requested that the California Department of Justice (DOJ) block ICE from running checks on the fingerprints collected in San Francisco. The Secure Communities program is up and running in 169 counties in 20 states, including 17 counties in California. Because I think this program serves both public safety and the interest of justice, I am declining your request.

The DOJ Bureau of Criminal Identification and Investigative Services is the entity designated by California law to maintain a database of fingerprints used in the state for law enforcement purposes. When someone is arrested, the county forwards the fingerprints to the DOJ to identify the person, determine his or her criminal history and to discover any outstanding warrants. As in every other state, the DOJ forwards those fingerprints to the FBI to check for a history of criminal activity outside of the state. Under the Secure Communities program, the FBI forwards fingerprints collected at arrest to ICE. If ICE finds a match to prints in its database, ICE notifies the county. ICE's stated intent and practice is to place holds on those individuals who are in the country illegally and who have a history of serious crimes or who have been previously deported.

Prior to the Secure Communities program, the name, but not the fingerprint, provided by an individual on arrest was run through ICE's database of people known by ICE to be in the country illegally. Often, individuals with a criminal history were released before their immigration status was discovered. Using fingerprints is faster, race neutral and results in accurate information and identification.

In these matters, statewide uniformity makes sense. This is not simply a local issue. Many of the people booked in local jails end up in state prison or go on to commit crimes in other counties or states.

I appreciate your concern. But I believe that working with the federal government in this matter advances important and legitimate law enforcement objectives.

Sincerely,

EDMUND G. BROWN JR.
Attorney General