Immigration

Los californianos pueden enviar quejas o sugerencias relacionadas con la vivienda a housing@doj.ca.gov 

OAKLAND— El Fiscal General de California, Rob Bonta, emitió hoy una alerta al consumidor recordando a los californianos que es ilegal que los propietarios discriminen a los inquilinos, tomen represalias contra ellos o influyan en los inquilinos para que se muden amenazando con revelar el estatus migratorio de un inquilino a ICE o a las fuerzas del orden. Especialmente mientras la administración federal lleva a cabo su inhumana campaña de deportación masiva y crea una cultura de miedo y desconfianza, es crucial que los propietarios e inquilinos comprendan sus obligaciones y derechos según la ley de California. 

“Las familias de todo el país están experimentando miedo e incertidumbre como resultado de la agenda de inmigración inhumana del presidente Trump. Hoy, les recuerdo a los propietarios que es ilegal en California discriminar a los inquilinos o acosarlos o tomar represalias contra un inquilino al revelar su estatus migratorio a las autoridades”, dijo el Fiscal General Bonta. “Los inquilinos de California, sin importar su estatus migratorio, tienen derecho a una vivienda segura y a acceder a documentos de vivienda en un idioma que puedan entender. Usaré todo el poder de mi cargo para perseguir a quienes intentan aprovecharse de los inquilinos de California durante un momento ya de por sí difícil”.

La discriminación en materia de vivienda es ilegal en California. Es ilegal que los propietarios discriminen a los inquilinos por motivos de raza, origen nacional, orientación sexual, religión, identidad o expresión de género, estado de discapacidad, estado familiar, fuente de ingresos (incluida la asistencia para el alquiler, como los vales de la Sección 8), condición de veterano o ciertas otras características protegidas (Código de Gobierno § 12955).

Los proveedores de vivienda privada no pueden preguntar sobre el estatus migratorio o de ciudadanía de un inquilino o solicitante y no pueden discriminar en función del estatus migratorio, ciudadanía o idioma principal. Por ejemplo, los propietarios no pueden negarse a alquilar a un inquilino potencial, decir que un alquiler no está disponible para alquilar cuando sí lo está, cobrarle más alquiler a un inquilino, perseguir a un inquilino para desalojarlo o proporcionarle a un inquilino cláusulas de alquiler menos favorables en función de estas características (Código Civil § 1940.3(b); Código de Gobierno § 12955(d); Código Civil § 51).

Los propietarios no pueden acosar ni tomar represalias contra un inquilino al revelar su estatus migratorio a las fuerzas de seguridad (Código Civil §§ 1940.3(b), 1942.5). Los propietarios tampoco pueden amenazar con revelar el estatus migratorio de un inquilino para presionarlo a mudarse. (Código Civil § 1940.2).  En la mayoría de los casos, a los propietarios no se les permite preguntar a un inquilino o potencial inquilino su estatus migratorio o de ciudadanía.

Los inquilinos tienen derecho a documentos de vivienda que puedan entender. Según la ley de California, si los inquilinos se comunican principalmente en español, chino, tagalo, vietnamita o coreano con el propietario o administrador de la propiedad al solicitar un apartamento y firmar un contrato de arrendamiento, el propietario debe proporcionar al inquilino una traducción escrita del contrato de arrendamiento en ese idioma antes de que se firme el contrato de arrendamiento, siempre y cuando el contrato de arrendamiento sea por más de un mes. (Código Civil, § 1632(b)). Los documentos posteriores que realicen cambios sustanciales en el contrato de arrendamiento, como avisos de aumentos de alquiler o de tarifas, también deben traducirse. (Código Civil, § 1632(g)(1)).

Los propietarios que infrinjan estas leyes pueden verse obligados a pagar a los inquilinos por daños y perjuicios, sanciones y honorarios de abogados. Por ejemplo, un propietario que revele el estatus migratorio de un inquilino a cualquier autoridad de inmigración se le puede ordenar a pagar al inquilino una indemnización por daños y perjuicios equivalente a entre 6 y 12 veces el alquiler mensual (Código Civil § 1940.35(b)). Los inquilinos tienen una variedad de otros derechos y protecciones según la ley de California. Algunas ciudades y condados también tienen protecciones adicionales para los inquilinos, incluidas limitaciones a los desalojos y aumentos de alquiler. Para obtener más información, visitehttps://oag.ca.gov/tenants. 

Propietarios y autoridades de inmigración  

Si las autoridades de inmigración (ICE, por sus siglas en inglés) le exigen a un propietario que proporcione información sobre un inquilino, como la solicitud de alquiler u otros documentos del inquilino, el propietario puede solicitar que le muestren una orden judicial u otro poder. Los propietarios deben buscar asesoramiento legal de inmediato para determinar si deben cumplir con la solicitud y asegurarse de no infringir las leyes contra la discriminación y la privacidad de California. Los diferentes tipos de documentos que ICE puede presentar son los siguientes:

• Una orden administrativa de ICE o un aviso para comparecer a una audiencia de inmigración no le da a ICE poderes especiales para inspeccionar los registros de un propietario. Los propietarios deben buscar asesoramiento legal sobre cómo responder. Vea un ejemplo de orden administrativa de ICE y aviso de comparecencia aquí (consulte los Anexos B-D).
• Si ICE presenta una orden emitida por un tribunal federal u otra orden judicial firmada por un juez, los propietarios deben cumplir con prontitud y, cuando sea posible, buscar asesoramiento legal antes de responder. Vea un ejemplo de orden de un tribunal federal aquí (consulte los Anexos E y F).
• Los propietarios a quienes se les presente una citación para presentar documentos o pruebas deben buscar asesoramiento legal sobre cómo responder. Vea ejemplos de citaciones aquí (consulte los Anexos G y H). Obtenga más información sobre las citaciones y otros documentos utilizados para aplicar las medidas de control de inmigración aquí (véanse las páginas 17 a 19).
• Los propietarios no deben interferir físicamente con los oficiales de ICE cuando estos desempeñan sus funciones.

El Fiscal General Bonta se compromete a garantizar que se respeten los derechos de los inquilinos en California. El Fiscal General Bonta ha responsabilizado a los propietarios por violar las leyes de California en Bakersfield, Marysville y en todo California. El mes pasado, el Fiscal General Bonta demandó a un grupo de empresas de administración de propiedades y holdings inmobiliarios propiedad de Mike Nijjar y miembros de su familia. La familia Nijjar y sus empresas relacionadas poseen y administran más de 22,000 unidades de vivienda de alquiler en todo el estado, principalmente en vecindarios de bajos ingresos en los Condados de Los Angeles, Riverside, San Bernardino y Kern, pero también se extienden hasta los Condados de Sacramento y San Joaquin. La demanda alega que las empresas de Nijjar violaron flagrantemente numerosas leyes de California al someter a los inquilinos a unidades inseguras, discriminar a los solicitantes con vales de vivienda de la Sección 8, cobrar de más el alquiler a algunos inquilinos, utilizar contratos de arrendamiento que engañan a los inquilinos sobre sus derechos legales y negarse a proporcionar traducciones al español de estos contratos de arrendamiento a pesar de solicitar de manera intencional inquilinos hispanohablantes. 

Es posible que los inquilinos conozcan las empresas de Nijjar por los nombres de sus empresas de administración de propiedades actuales y recientes: no solo PAMA Management, sino también I E Rental Homes, Bridge Management, Equity Management, Golden Management, Hightower Management, Legacy Management, Mobile Management, Pro Management y Regency Management. Se alienta a cualquier persona, incluidos inquilinos actuales o anteriores, que tenga información que pueda ser relevante para este caso a que comparta sus historias con nuestra oficina en oag.ca.gov/report. Para obtener más información sobre sus derechos como inquilino, visite aquí.  

Los californianos que enfrentan un desalojo o creen que su propietario ha violado sus derechos como inquilinos deben buscar ayuda legal de inmediato. Si no puede pagar un abogado, podría calificar para recibir asistencia legal gratuita o de bajo costo. Para encontrar una oficina de asistencia legal cerca de donde vive, visite lawhelpca.org y haga clic en la pestaña “Buscar Ayuda Legal”. Si no califica para recibir asistencia legal y necesita ayuda para encontrar un abogado, visite la página web del Colegio de Abogados de California para encontrar un servicio local de referencia de abogados certificados, o visite la página web de las Cortes de California para inquilinos que se enfrentan a desalojos.

Californians can send complaints or tips related to housing to housing@doj.ca.gov 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today issued a consumer alert reminding Californians that it is against the law for landlords to discriminate against tenants, retaliate against tenants, or influence tenants to move out by threatening to disclose a tenant’s immigration status to Immigration and Customs Enforcement (ICE) or law enforcement. Especially as the federal administration carries out an inhumane campaign of mass deportation and creates a culture of fear and mistrust, it is crucial that landlords and tenants understand their obligations and rights under California law. 

“Families across the country are experiencing fear and uncertainly as a result of President Trump’s inhumane immigration agenda. Today, I remind landlords that it is illegal in California to discriminate against tenants or to harass or retaliate against a tenant by disclosing their immigration status to law enforcement,” said Attorney General Bonta. “California tenants — no matter their immigration status — have a right to safe housing and to access housing documents in a language they can understand. I will use the full force of my office to go after those who seek to take advantage of California tenants during an already challenging time.”

Housing discrimination is illegal in California. It is illegal for landlords to discriminate against tenants based on race, national origin, sexual orientation, religion, gender identity or expression, disability status, familial status, source of income (including rental assistance such as Section 8 vouchers), veteran status, or certain other protected characteristics (Gov. Code § 12955.)

Private housing providers cannot inquire about a tenant’s or applicant’s citizenship or immigration status and cannot discriminate on the basis of immigration status, citizenship, or primary language. For example, landlords cannot refuse to rent to a potential tenant, say that a rental is not available for rent when it is available, charge a tenant more rent, target a tenant for eviction, or provide a tenant with less favorable rental terms based on these characteristics (Civil Code § 1940.3(b); Gov. Code § 12955(d); Civil Code § 51.)

Landlords are never allowed to harass or retaliate against a tenant by disclosing their immigration status to law enforcement (Civil Code §§ 1940.3(b), 1942.5.) Landlords also cannot threaten to disclose a tenant’s immigration status in order to pressure a tenant to move out. (Civil Code § 1940.2.)  In most cases, landlords are not allowed to ask a tenant or potential tenant their immigration or citizenship status.

Tenants have the right to housing documents they can understand. Under California law, if tenants speak primarily Spanish, Chinese, Tagalog, Vietnamese, or Korean with the landlord or property manager when applying for an apartment and signing a lease, the landlord must provide the tenant with a written translation of the lease in that language before the lease is signed, if the lease is for longer than one month. (Civil Code § 1632(b).) Later documents making substantial changes to the lease, such as notices of rent increases or fee increases, must also be translated. (Civil Code § 1632(g)(1).)

Landlords who violate these laws may be required to pay tenants for damages, penalties, and attorney’s fees. For example, a landlord who discloses a tenant’s immigration status to any immigration authority may be ordered to pay the tenant statutory damages equal to 6 to 12 times the monthly rent (Civil Code § 1940.35(b).) Tenants have an array of other rights and protections under California law. Some cities and counties also have additional renter protections, including limitations on evictions and rent increases. For more information, please visit https://oag.ca.gov/tenants. 

Landlords and Immigration Authorities  

If immigration authorities like ICE demand tenant information from a landlord, such as a tenant’s rental application or other documents, the landlord may ask to see a warrant or other authority. Landlords should immediately seek legal advice to determine whether they must comply and to ensure that they do not violate California’s anti-discrimination and privacy laws. There are different types of documents that ICE may present: 

• An ICE administrative warrant or a notice to appear for an immigration hearing does not give ICE special powers to search a landlord’s records. Landlords should seek legal advice about how to respond. See a sample ICE administrative warrant and notice to appear here (see Appendix B-D).
• If ICE presents a warrant issued by a federal court or other court order signed by a judge, landlords should comply promptly and, where feasible, seek legal advice before responding. See a sample federal court warrant here (see Appendix E, F).
• Landlords presented with a subpoena for documents or evidence should seek legal advice on how to respond. See sample subpoenas here (see Appendix G, H). See more information about subpoenas and other documents used for immigration enforcement here (see pages 17-19).
• Landlords should not physically interfere with ICE officers in the performance of their duties. 

Attorney General Bonta is committed to ensuring the rights of tenants in California are respected. Attorney General Bonta has held landlords accountable for violating California laws in Bakersfield, Marysville, and across California. Last month, Attorney General Bonta sued a group of property management and real estate holding companies owned by Mike Nijjar and members of his family. The Nijjar family and their related companies own and manage over 22,000 rental housing units statewide, primarily in low-income neighborhoods in Los Angeles, Riverside, San Bernardino, and Kern Counties — but also spanning up to Sacramento and San Joaquin Counties. The lawsuit alleges Nijjar’s companies egregiously violated numerous California laws by subjecting tenants to unsafe units, discriminating against applicants with Section 8 housing vouchers, overcharging some tenants for rent, using leases that deceive tenants about their legal rights, and refusing to provide Spanish translations of these leases despite intentionally soliciting Spanish-speaking tenants. 

Tenants may know Nijjar’s companies by the names of their current and recent property management companies: not only PAMA Management, but also I E Rental Homes, Bridge Management, Equity Management, Golden Management, Hightower Management, Legacy Management, Mobile Management, Pro Management, and Regency Management. Anyone — including current or former tenants — who has information that might be relevant to this case are encouraged to share their stories with our office by going to oag.ca.gov/report. To learn more about your rights as a tenant, please visit here.  

Californians who are facing eviction or believe their landlord has violated their tenant rights should seek legal help immediately. If you cannot afford a lawyer, you may qualify for free or low-cost legal aid. To find a legal aid office near where you live, visit lawhelpca.org and click on the “Find Legal Help” tab. If you do not qualify for legal aid and need help finding a lawyer, visit the California State Bar webpage to find a local certified lawyer referral service, or visit the California Courts’ webpage for tenants facing evictions. 

 A copy of this press release is available in Spanish here.  

If you need help with immigration relief or if your loved one has been detained, be careful who you hire

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today issued guidance to help California's immigrant communities avoid immigration scams by those seeking to take advantage of fear and uncertainty resulting from President Trump’s cruel mass detention and deportation campaign. The alert released today provides tools for people looking to hire free or low-cost legal help and for those looking to locate loved ones who are detained. 

“Families across the country are experiencing fear and uncertainly as a result of President Trump’s inhumane immigration agenda — and scammers are paying attention. Immigration scams, including notario fraud, prey on the hopes of safety and stability of our immigrant communities,” said Attorney General Bonta. “Before hiring someone claiming to offer help with immigration matters or assistance locating a detained loved one, I urge people to familiarize themselves with existing resources that are often available at little or no cost and learn how to check that the individual is qualified to provide immigration help.”

What is Notario Fraud?

Only lawyers, accredited representatives, and recognized organizations can give you legal advice or represent you in immigration court. Immigration consultants – who may call themselves immigration experts, notarios, notaries public, or paralegals – cannot do so. 

In many Spanish-speaking nations, “notarios” are powerful attorneys with special legal credentials. In the United States, however, notary publics are people authorized by state governments to witness the signing of important documents and are not necessarily authorized to provide legal services. A notario público is not authorized to provide people with any legal services related to immigration.

How to Locate Detained Loved Ones

Try to find your loved one’s Alien Registration number (A-Number), which is on their immigration documents. If someone has not previously had contact with immigration authorities or has not applied for an immigration benefit, they will not have an A number but will be assigned one if detained. To find someone in detention, search locator.ice.gov  by their A-Number or by their full name and country of birth. Once you identify the detention center, go to ice.gov/detention-facilities  for location, visiting, and other information. Using the A-Number, you can look up immigration court hearing information at acis.eoir.justice.gov. For more information, please visit nilc.org/resources.

Protect Yourself from Immigration Scams

If you need help applying for immigration relief, be careful who you hire. Watch out for immigration scams that can cost you thousands of dollars and/or harm your immigration status. Here are some tips and resources to help:  

• Confirm that anyone helping you with your case is licensed or accredited. Only lawyers, accredited representatives, and recognized organizations can give you legal advice or represent you in immigration court. Some immigration consultants may fraudulently call themselves immigration lawyers. If someone claims they are licensed in California or another state and can practice immigration law, confirm they are licensed and in good standing in that particular state by visiting americanbar.org/groups/legal_services/flh-home/flh-lawyer-licensing. If someone claims to be an accredited representative or recognized organization, visit justice.gov/eoir/recognition-accreditation-roster-reports to confirm that information.

• Go to a legitimate legal aid organization for free legal help. Many nonprofit organizations provide free immigration help to low-income individuals, such as those found through the resources below. To find a legal aid organization near you, go to lawhelpca.org. 

• Keep your original documents in a safe place. Don’t give your original documents to anyone unless you see proof that the government requires the original document. Make sure you have a trusted emergency contact who can access these documents. Keep copies of all immigration-related documents, including copies of documents filed with the government and communications with the government, in a safe place.

• Do not give money or personal information to anyone who calls, texts, or emails you claiming that there is a problem with your immigration matter. No federal or state agency, including USCIS, will ever ask for your personal information or payment over the phone, by email, or text. Be skeptical of social media or other ads promising new or quick immigration help.

Access Free and Low-Cost Legal Assistance 

Visit Law Help CA or Immigration Law Help to find immigration assistance near you.

Find free immigration help through the U.S. Department of Justice’s list of no cost legal service providers and list of accredited representatives.

If You are the Victim of an Immigration Scam

Report it to the California Department of Justice at oag.ca.gov/report. You can also contact your local District Attorney or county department of consumer affairs.

You can get help from a legitimate legal aid organization at lawhelpca.org.

For more do’s and don’ts, see the full “Protecting Yourself from Immigration Scams” consumer alert here. The alert is available in Spanish here. 

SAN FRANCISCO — California Attorney General Rob Bonta today delivered remarks on California Department of Justice’s preparations to protect California’s values, people, and natural resources ahead of a second Trump Administration. To view a recording of the press conference, please visit here. 

Attorney General Bonta's Remarks as Prepared for Delivery:

As the reality of a second Trump Administration takes hold, I know there is a great deal of fear, sadness, anxiety, and panic. 

I understand. 

I’m here today to reassure you that in California, progress will prevail. 

No matter who is in the White House, no matter who holds control of Congress, in California we will keep moving forward. 

In California, we will choose calm over chaos. 

Fact over fiction.

Belonging over blame.

Unity over division. 

“Us and we” over “I and me.” 

It’s why we’re the 5th largest economy in the world. Not in spite of our commitment to workers, consumers, and the environment, because of it. 

Because we’re the largest and most diverse state in the nation.

Because we believe in the power of inclusivity.

Because we believe in truth over lies. Hope over hate. Light over dark.

Because  we believe in looking forward.

It’s who we are in the Golden State. It’s in our DNA. Nothing and no one can change that. 

As Attorney General, I’ll continue to use the full force of the law and authority of this office to address injustice. 

To stand up for all people, especially those who have long been overlooked and undervalued.

To safeguard reproductive rights. 

And advocate for more housing — especially more affordable housing for lower and middle-income families just trying to get by.

I’ll continue to take on greedy corporate giants and fight for more affordable gas, groceries, and everything in between.  

I’ll continue to defend our world-renowned natural resources and protect them for generations to come. 

Continue to fight for clean water to drink and clean air to breathe.

Continue to crack down on illicit guns on our streets and get fentanyl out of our neighborhoods. 

Continue to fight for workers.

I’ll continue to protect, defend, and serve every single Californian. No matter your politics. 

I’m here to ensure every person — no matter how they look, how much money they make, where they’re from, who they love, how they identify, or how they pray — can pursue their version of the California Dream. 

A fair wage and good benefits.  

A safe and affordable place to live.  

Affordable and accessible health care. 

Good schools to send our kids to. 

Safe neighborhoods to raise our families. 

That’s my promise to you, no matter who is in the White House.  

We’ve been here before.

We lived through Trump 1.0. 

We know what he’s capable of. 

We know what plans he has in store. 

The silver lining is just that: we know. 

We know to take Trump at his word when he says he’ll roll back environmental protections, go after our immigrant and LGBTQ+ communities, attack our civil rights, and restrict access to essential reproductive care.

Which means, we won’t be flat-footed come January.

You can be sure that as California Attorney General, if Trump attacks your rights: I’ll be there. 

If Trump comes after your freedoms: I’ll be there. 

If Trump jeopardizes your safety and well-being: I’ll be there.

California DOJ did it before and we’ll do it again.  

During the last Trump Administration, California DOJ fought to stop illegal rollbacks and proposals that would’ve harmed the well-being, health, safety, and civil rights of our people and of people across the country. 

That would have caused irrevocable damage to our environment.

No matter who is in charge of the federal government…

No matter what the incoming Administration has in store… California will remain the steadfast beacon of progress it has long been.  

A constant, unwavering, immoveable force to be reckoned with.  

We’ll continue to be a check on overreach and push back on abuse of power. 

Be the antidote to dangerous, extremist, hateful vitriol.

Be the blueprint of progress for the nation to look to.

Remember: in moments of chaos in D.C., you can always look to California for calm resolve. 

California leaders across the state are ready to stand arm-in-arm. 

Governor Newsom and every single Constitutional Officer;  

Senator Padilla and Senator-elect Schiff;  

Democratic members of Congress; 

Pro Tem McGuire, Speaker Rivas, and the California Legislature; 

Mayors, supervisors, and city councilmembers from San Francisco to San Diego are ready to fight for our California values. 

For our people. For our environment.

For progress and justice.

And as necessary, we’re ready to take on the challenges of a second Trump Administration — together.

While a great deal of change is on the horizon…

California’s path to progress remains full steam ahead.

It may not always be linear. Progress so rarely is. 

It zigs and zags. Takes frustrating detours. Inches forward and backward and forward again. 

The detours and setbacks don’t define our progress.

Our commitment to forward momentum defines our progress. Defines us. 

It’s what we do next that will define us. 

If you’re feeling despondent today, remember that you’re not alone. 

In California, we’re not looking back. We’re not moving back. 

We’re California! We’ll meet any challenges head on and rise to the occasion.

As is so often said, as California goes, so goes the nation.

In the days and months and years to come, all eyes will look west. 

In California, they’ll see: we’re still moving forward.

Thank you. 

OAKLAND – California Attorney General Rob Bonta today joined a multistate coalition of 18 attorneys general in an amicus brief before the Fifth Circuit Court of Appeals in Texas v. U.S. Department of Homeland Security. The brief supports President Biden’s Parole Program for Cubans, Haitians, Nicaraguans, and Venezuelans (CHNV Parole Program). The CHNV Parole Program offers qualified individuals from those four countries an opportunity to apply for advance travel authorization and to be considered on a case-by-case basis for temporary humanitarian parole of up to two years, which includes employment authorization. In the amicus brief, the coalition underscores the states’ interest in upholding the federal government's discretionary power to allow certain migrants entry or immigrants to stay in the country on humanitarian grounds. The brief urges the court to leave the CHNV Parole Program in place.

“In California, we believe that migrants escaping violence should be treated with compassion and dignity, and immigration parole programs are a crucial part of a just and secure immigration system,” said Attorney General Bonta. “The Biden Administration’s CHNV Parole Program provides safe pathway to apply for protection for Cuban, Haitian, Nicaraguan, or Venezuelan migrants fleeing violence and upheaval. We urge the court to uphold this program that creates orderly processes for people fleeing humanitarian crises to lawfully reach the United States." 

The federal executive branch has, since the Eisenhower Administration, exercised its authority under the Immigration and Nationality Act to parole migrants into the United States for humanitarian and other purposes. Parole provides a safe, legal, and orderly pathway for individuals to join their families and seek protection in the United States. The lawsuit, led by Texas, threatens to undermine the federal government’s ability to launch crucial programs that assist migrants fleeing unstable circumstances in their home countries to enter the United States.

In the amicus brief, the coalition asserts:

• Immigrants are key contributors to state economies, parole recipients fill critical positions in industries with labor shortages, and enjoining the program would foreclose these benefits.
• Enjoining the parole pathways would separate families and subject parolees to danger by forcing them to return to the dangerous conditions from which they fled.
• The plaintiffs incorrectly argue that the parole pathways increase crime and impose costs on states, when evidence suggests they will likely decrease both crime and costs to states for law enforcement, healthcare, and other services.

In submitting the amicus brief, Attorney General Bonta joins the attorneys general of New York, Connecticut, Delaware, Hawaii, Illinois, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, Oregon, Pennsylvania, Vermont, and the District of Columbia

A copy of the amicus brief is available here. 

 OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today joined a broad, bipartisan coalition of 39 attorneys general in submitting letters to U.S. House and Senate leaders urging them to fund the Legal Services Corporation (LSC) in full. LSC is funded by federal appropriation and is a critical compliment to state and other funding for legal aid. LSC provides civil legal services to low-income Americans across the United States.

“As the People’s Attorney, I share a commitment to the equal access of our justice system and understand the barriers that low-income families can face when trying to access legal services,” said Attorney General Bonta. “The Legal Services Corporation provides on-the-ground legal assistance to Americans experiencing seemingly insurmountable obstacles, including our country’s Native American communities, individuals with disabilities, domestic violence survivors, survivors of natural disasters, and undocumented folks. I sincerely urge Congress to support our neighbors and prioritize investment in The Legal Services Corporation.”

Since its establishment by Congress 50 years ago, LSC has provided civil legal services to low-income Americans across the United States who otherwise would not have access to such services. LSC is funded by federal appropriation and the amount of the investment will determine the number of Americans in need that LSC will be able to assist. Each year, LSC provides grants to local nonprofits who together provide legal services to low-income individuals throughout the United States from approximately 900 offices nationwide, stretching from urban centers to small towns. However, despite 94% of federal dollars going directly toward eligible nonprofits delivering civil legal aid, the need for legal assistance is outpacing LSC's funding.

In submitting the letters, Attorney General Bonta joins the attorneys general of the District of Columbia, Georgia, Oklahoma, Massachusetts, Alaska, Arizona, Colorado, Connecticut, Delaware, Florida, Hawaii, Illinois, Iowa, Kentucky, Maine, Maryland, Michigan, Minnesota, Nevada, New Hampshire, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, Ohio, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Dakota, Tennessee, Vermont, Washington, Wisconsin, Wyoming, and American Samoa, Northern Mariana Islands, Puerto Rico, and the U.S. Virgin Islands.

A copy of the letters can be found here, and here. 

Today's record request is part of an ongoing law enforcement investigation into the transport of 36 asylum seekers to California

SACRAMENTO – In a crucial move to unearth the circumstances under which 36 migrants were recently transported to California, Attorney General Rob Bonta today issued a public records request to the Office of Florida Governor Ron DeSantis and the Florida Division of Emergency Management. These inquiries are part of an ongoing law enforcement investigation into the conditions under which the migrants seeking asylum were brought into California pursuant to Florida’s so-called “Voluntary Migrant Transport Program.”

 "Upon meeting with the asylum seekers who had been flown to Sacramento via private plane, without any prior arrangements or immediate care provision, we understood the urgent need for a thorough investigation," said Attorney General Bonta. "These letters represent our commitment to transparency and justice. We need to understand the circumstances that led to the implementation of this operation – which was apparently paid for by Florida taxpayer dollars – and the decisions and directives that led to this questionable act. The information gathered will be crucial in determining whether the law has been violated and, if so, what subsequent steps are required to prevent such disregard for human rights from recurring.”

 On June 2, and June 5, two separate groups of asylum seekers were transported from Texas to New Mexico, and then flown to Sacramento, California. Those who arrived on June 2 were left at the door of the Catholic diocese in Sacramento. These individuals were in possession of documentation purporting to be from the government of the State of Florida and its "Voluntary Migrant Transport Program," which contracted with Vertol Systems Company, Inc., to carry out the transport. The California Department of Justice (DOJ) swiftly launched an investigation into the circumstances by which these individuals were brought to California, who funded their travel, and whether these individuals were given false information –– especially as many of the asylum seekers already had immigration proceedings underway. The DOJ investigation seeks to determine whether potential criminal and civil action is warranted. 

Today, Attorney General Bonta has dispatched the two letters formally seeking records under Chapter 119 of the Florida Statutes, a law that ensures public access to governmental records, with the intention of shedding light on the operations and decision-making processes that culminated in these migrant transports.

Specifically, the requests focus on:

• Communications between the Florida Governor’s office or the Florida Division of Emergency Management and any private entity involved in the migrant transports.
• Any instructions or orders given by these offices to any private entity involved in the transports.
• Communications between these offices and any migrant related to the transportation to California.
• Communications between these offices and the Florida Department of Transportation regarding these transports.
• Any records related to the transportation of migrants into California, including those that originated in El Paso, TX, and arrived in Sacramento, CA on June 2, 2023, and June 5, 2023.
• Unredacted versions of all bids or proposals submitted in response to Request for Proposal No. RFP-DEM-22-23-028, including communications and contracts related to the said proposal.
• Communications and any instructions or orders provided by these offices to entities involved in the transportation, including but not limited to Vertol Systems Company, Inc., and Berry Aviation.

The California Department of Justice will utilize the obtained records to aid the ongoing investigations. Meanwhile, California remains steadfast in offering dignified treatment to migrants. Attorney General Bonta is committed to upholding justice and the rights of all individuals within California's jurisdiction.

A copy of the letters sent to the Governor of Florida and Florida Department of Emergency Management can be found here and here.                                               

LOS ANGELES- Attorney General Kamala D. Harris released the following statement on the Supreme Court's 4-4 ruling in U.S. v. Texas, sending the case back to the lower court and maintaining the freeze on President Obama's deferred action programs that would have protected millions of immigrants from deportation.

"I am deeply disappointed in today’s Supreme Court ruling in United States v. Texas. As a nation, we must not accept a status quo in which families continue to be ripped apart.  We must not accept a status quo in which hard-working immigrants are demonized. And we must not accept a status quo in which millions of our friends and neighbors are living in the shadows. 

While today's ruling is a setback, it's not a defeat. Now, more than ever, Congress needs to put divisive political games aside to pass comprehensive immigration reform and finally allow relief and dignity for millions of American families."

LOS ANGELES - Today, Attorney General Kamala D. Harris joined Washington Attorney General Robert W. Ferguson in filing a friend-of-the-court brief with the Ninth Circuit Court of Appeals in the case J.E.F.M v, Lynch, to ensure that every unaccompanied minor placed in immigration proceedings is guaranteed a right to counsel.

“Children are some of the most vulnerable members of our society. A child forced to navigate our complicated immigration system should be provided with due process,” said Attorney General Harris. “For these children, adequate legal representation can mean the difference between life and death. We must live up to our nation’s principles of justice, equality, and fairness, and guarantee the right to due process for children seeking safety within our borders.”

The brief argues that children are unfairly hindered by age and lack the personal and financial resources to navigate the federal immigration laws and represent themselves in adversarial removal proceedings. Given the complex nature of immigration proceedings, failure to secure counsel can effectively deny an unaccompanied minor her day in court.

According to the American Bar Association (ABA), which issued a report in July 2015 on this issue, “[t]hese children, many of whom entered the United States during the unprecedented ‘surge’ in 2014, are now facing adversarial removal proceedings opposed by experienced government attorneys, with only about 32% represented by counsel.” The ABA also emphasizes that it is extremely unlikely for an unrepresented child to prevail in immigration court without representation, citing a study which found that children represented by an attorney have a 73% success rate in immigration court, compared to only 15% among unrepresented children.

Facing deportation without adequate legal representation can easily condemn a defenseless child to prolonged detention or forced return to a dangerous country. In fact, as the brief acknowledges: “At least eighty-three deportees from the U.S. have been reported murdered upon their return to Central America since January 2014. One teenager was murdered in 2004 only seventeen days after being deported.” Such grave consequences weigh heavily in favor of mandating government-appointed counsel in cases such as these.

In 2014, tens of thousands of children fled violence and poverty in Mexico and Central America in pursuit of a better life in the United States. In response to the crisis, Attorney General Harris secured millions of dollars and over 10,000 hours in pro bono work to close the legal services gap for unaccompanied children across California. She later supported legislation signed by Governor Brown that allocated $3 million to qualified non-profits to provide legal services for unaccompanied minors. In May 2015, Kids in Need of Defense’s (KIND) awarded Attorney General Harris with the 2015 Vision Award for her work to ensure that unaccompanied minors fleeing violence and entering the U.S. are provided legal representation in immigration proceedings.

Since 2014, Attorney General Harris has convened several roundtables with immigrant rights’ advocates, legal service providers, major international law firms, and other stakeholders to discuss the ongoing need for resources and legal aid for children fleeing violence and seeking refuge in the United States. The most recent convening took place in Los Angeles in December 2015 to discuss the ongoing struggle to meet the legal and social service needs of unaccompanied children and families in California, and across the U.S.

In February 2015, Attorney General Harris created the Bureau of Children’s Justice to enforce criminal and civil laws to hold those who prey on children accountable; work with local, state, and national stakeholders to increase support for vulnerable children; and identify and pursue improvements to policies impacting children.  One of the Bureau’s core priorities is human trafficking of vulnerable youth, including foster children.

LOS ANGELES – Attorney General Kamala D. Harris today issued a consumer alert to warn Californians of retailer fraud and scams that are targeting immigrant and limited English proficient (“LEP”) consumers. Numerous complaints filed with the California Department of Justice describe predatory actions of some retailers on consumers who lack credit and/or fluency in English.  In light of this reported consumer threat, the Attorney General reminds immigrant and LEP consumers to be careful in accepting retail contracts or credit card agreements, and encourages individuals to ask for help from appropriate consumer protection agencies when retailers engage in unfair or deceptive practices.

LOOK OUT FOR THIS COMMON SCAM

Common scams that affect communities with limited English proficiency include “store credit” and false warranties scams.  Californians eager to build their credit may be targeted by retailers who offer to sell them products with a small down payment and with the rest of the amount financed through “store credit.”  This type of agreement often traps consumers into contracts with high interest rates and other unfavorable terms.  Dishonest retailers may also sell defective products that they later refuse to exchange or repair, even if the customer has purchased a retailer warranty.  These types of scams can result in customers being forced to continue making payments on defective items or risk ruining their credit and being sued by the retailer.     

HOW TO PROTECT YOURSELF

Immigrant and LEP consumers should be aware that the California Translation Law[1] protects their rights. This law requires retailers who negotiate in Spanish, Tagalog, Chinese, Vietnamese, or Korean, either orally or in writing, to provide a contract translated in the language used for negotiation to customers.  The translation must be accurate and must include every term and condition in the contract or agreement.  If a retailer negotiates in these languages and does not provide a translated copy of a contract before it is signed, a customer may rescind the contract.  This law was passed to protect the rights of millions of California consumers who do not speak or read English as a first language and who are entitled to be fully informed regarding the terms of their contracts.  This consumer alert offers tips for safeguarding immigrant and LEP consumers who may be targeted by unscrupulous retailers.    

What to look out for

The Attorney General offers California consumers the following tips in order to protect themselves from retailers who may be engaging in improper practices:

• Before making a purchase, research a retailer’s reputation by searching online for reviews and any potential consumer complaints regarding prior fraud or scams. 
• Do not allow a salesperson to pressure you into purchasing an expensive item, an add-on item, or any warranty that you do not want.  Be wary of offers in which retailers agree to sell you an item at a discounted price only if you also purchase an expensive warranty or insurance.         
• Request and read a paper copy of your contract before you sign any documents, even if the retailer intends for you to sign the contract electronically.  Do not allow a salesperson to pressure you into signing anything before you see and understand the terms of your contract.
• If there is something you do not understand about your contract, ask the sales representative for clarification.  Be sure that you are aware of all the goods and services listed on your contract, the total amount due, the number and dollar amount of your monthly payments, and the interest rate you will be charged. 
• If you negotiate with a sales representative in Spanish, Tagalog, Chinese, Vietnamese, or Korean, the retailer must provide you with a copy of your contract in the language in which you communicated before you sign the agreement. 
• Before purchasing a retailer’s warranty for an electronic device or an appliance, ask to see the full warranty terms in writing.  Consider whether you need a retailer’s warranty, and confirm the coverage and length of the manufacturer’s warranty on the product (the manufacturer’s warranty is usually included in an item’s price).  Ask about the coverage provided by the retailer’s warranty, any fees associated with use of the warranty, exclusions, and how repairs are handled.    
• Ask about the return and exchange policy prior to making your purchase.  Make sure to read a written version of the return and exchange policy, which specifies how long you have to return or exchange an item.
• Retain copies of all documents associated with your purchase, including the contract, receipt, warranty information, return policy, manuals, monthly statements, and any other documentation you receive from the retailer.
• Promptly examine the merchandise you purchased to make sure it is new (unless you intentionally bought a used item), functional, and in good condition.  Notify the retailer immediately if problems arise with an item.  Document your interactions with the retailer in writing so that a record exists regarding your attempts to resolve the problem.
• Customers who are trying to build their credit should request a copy of their credit report from https://www.annualcreditreport.com to make certain that their payments are being properly reported to the credit bureaus.      

HELPFUL RESOURCES

The California Department of Consumer Affairs provides helpful information on how to build and maintain good credit at http://www.dca.ca.gov/publications/knowyourscore.shtml.  It also offers guidelines on how to avoid scams and fraud at http://www.dca.ca.gov/publications/guide/ref_guide.pdf, and provides resources to consumers who have complaints at http://www.dca.ca.gov/publications/consumer-selfhelp.shtml.

The Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs also offers information to consumers at http://dcba.lacounty.gov/wps/portal/dca, and provides the opportunity to ask questions regarding consumer purchases at https://iddweb.isd.lacounty.gov/dca_ecomplaint/Question/.

The Bureau of Electronic and Appliance Repair, Home Furnishings and Thermal Insulation regulates industry standards, and provides information and resources for consumers at http://www.bhfti.ca.gov/consumer/index.shtml.

What to do if you are the victim of a RETAILER scam

The Better Business Bureau (BBB) offers resources for those who have been the victim of a retailer scam.  If you have been the victim of a retailer scam, immediately file a complaint with the BBB at https://www.bbb.org/consumer-complaints/file-a-complaint/get-started.  

The Los Angeles County Department of Consumer and Business Affairs provides support for those who have been the target of a retailer scam.  If you have been a victim, you may file a complaint with LADCBA at https://iddweb.isd.lacounty.gov/dca_ecomplaint/.

The California Department of Justice protects the rights of consumers and collects complaints on retailer fraud and scams in order to identify patterns of wrongful activity.  To submit a complaint to the California Department of Justice regarding a retailer’s wrongful behavior, please use one of the following complaint forms:

English: https://oag.ca.gov/contact/consumer-complaint-against-business-or-company.  

En Español: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_sp.pdf

中文: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_chin.pdf? 

Tiếng Việt: http://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/contact/business_corpform_viet.pdf?

Translated releases:

Chinese: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/consumers/limited-english-...  

Korean: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/consumers/limited-english-...

Spanish: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/consumers/limited-english-...

Tagalog:  https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/consumers/limited-english-...

Vietnamese: https://oag.ca.gov/sites/all/files/agweb/pdfs/consumers/limited-english-...