Consumer Protection

OAKLAND — El Fiscal General de California, Rob Bonta, presentó una demanda contra un grupo de empresas de administración de propiedades y holdings inmobiliarios propiedad del magnate de viviendas de alquiler del sur de California Swaranjit “Mike” Nijjar, su hermana Daljit “DJ” Kler y otros miembros de su familia. La demanda, tras una investigación de tres años, alega que las empresas de Nijjar, conocidas comúnmente como PAMA Management, violan de manera atroz numerosas leyes de California al someter a los inquilinos a unidades inseguras marcadas por plagas de cucarachas y roedores, techos con goteras, desbordamiento de aguas residuales y otros problemas. La demanda también alega que las empresas discriminan a los solicitantes con vales de vivienda de la Sección 8, cobran alquileres excesivos a algunos inquilinos y utilizan contratos de alquiler que engañan a los inquilinos sobre sus derechos legales, entre otras violaciones. La mayoría de los inquilinos que viven en propiedades de PAMA tienen ingresos bajos o fijos, y muchos se enfrentan a la horrible elección entre soportar condiciones graves y a veces catastróficas o quedarse sin hogar. En la denuncia que se presentó hoy en el Condado de Los Angeles, el Fiscal General Bonta solicita sanciones, restitución total por el daño financiero sufrido por los inquilinos, restitución de las ganancias obtenidas de manera ilícita y medidas cautelares que prohíban al Sr. Nijjar, a PAMA y a las empresas relacionadas continuar con estas prácticas comerciales ilegales y atroces. 

“PAMA y las empresas propiedad de Mike Nijjar y su familia son conocidas por sus condiciones deplorables y precarias, algunas tan malas que los residentes han sufrido resultados trágicos. Nuestra investigación sobre las propiedades de Nijjar reveló que PAMA se aprovecho de familias vulnerables, negándose a invertir los recursos necesarios para erradicar las plagas, reparar techos anticuados e instalar sistemas de plomería que funcionen, todo mientras engañaba a los inquilinos sobre sus derechos a demandar a su propietario y exigir reparaciones”, dijo el Fiscal General Bonta. “Sin embargo, Nijjar y sus asociados han tratado demanda tras demanda y violación del código tras violación del código como el costo de hacer negocios y se les ha permitido operar y cobrar cientos de millones de dólares cada año a familias que duermen, se duchan y alimentan a sus hijos en condiciones insalubres y deplorables. Ya es suficiente. Hoy intervengo. Estoy agradecido con todas las personas que dieron un paso al frente, incluido el Equipo de Protección al Consumidor del Departamento de Justicia, los periodistas de California que dieron la voz de alarma, los funcionarios encargados de hacer cumplir el código local que responden de manera incansable a las quejas de los inquilinos y, sobre todo, los inquilinos de PAMA que hablaron sobre sus angustiosas experiencias.” 

Antecedentes

La familia Nijjar y sus empresas relacionadas poseen y administran más de 22,000 unidades de vivienda de alquiler en todo el estado, principalmente en vecindarios de bajos ingresos en los Condados de Los Angeles, Riverside, San Bernardino y Kern, pero también se extienden hasta los Condados de Sacramento y San Joaquin. Los funcionarios encargados de hacer cumplir el código en estas comunidades citan rutinariamente las propiedades de la familia Nijjar por violar las normas mínimas de habitabilidad. En los últimos años, las empresas de la familia han resuelto docenas de demandas alegando defectos de habitabilidad y condiciones inseguras; estas demandas afectaron a cientos de inquilinos, incluidos algunos niños que resultaron gravemente heridos en propiedades de PAMA. En 2016, un bebé murió en un incendio en una de las casas móviles de PAMA en el condado de Kern, que no estaba permitida para la ocupación humana. 

A pesar de todo, esto ha sido la practica de negocio en curso para Mike Nijjar y sus entidades corporativas: siguen con la compra de propiedades nuevas, ignoran las peticiones de reparaciones de los inquilinos y operan bajo una lista cada vez mayor de nombres de empresas que lo hace aun mas dificil que los inquilinos sepan a quién le están alquilando. Los inquilinos pueden conocerlos por los nombres de sus empresas de administración de propiedades actuales y recientes: no solo PAMA Management, sino también I E Rental Homes, Bridge Management, Equity Management, Golden Management, Hightower Management, Legacy Management, Mobile Management, Pro Management y Regency Management.  

Luego de una extensa cobertura mediática por parte de la prensa y las partes interesadas, el Departamento de Justicia de California inició una investigación sobre PAMA a fines de 2022 que descubrió violaciones generalizadas de habitabilidad y otras violaciones graves de los derechos de los inquilinos. 

Violación de las normas básicas de habitabilidad 

La demanda del Fiscal General alega que, al no realizar un mantenimiento adecuado de las unidades, PAMA y las empresas relacionadas pusieron en riesgo inmediato la seguridad y la salud de los inquilinos. Las unidades PAMA sufren amplios problemas de mantenimiento, entre los más comunes se encuentran:

• intrusión de agua debido a goteras en los techos y plomería anticuada; 
• daños estructurales causados por la intrusión de agua y el mantenimiento retrasado;
• mal funcionamiento de las tuberías, incluidas las aguas residuales superficiales; y 
• plagas de cucarachas y roedores. 

Estas violaciones no son sólo un error; son parte de prácticas comercialesen curso. PAMA aplaza las inversiones necesarias en mantenimiento a favor de reparaciones rápidas y baratas; utiliza operarios no cualificados incluso para trabajos especializados; ofrece poca o ninguna formación al personal, muchos de los cuales no tienen experiencia en gestión de propiedades; y no realiza un seguimiento sistemático y rutinario de las solicitudes de mantenimiento, que a menudo se pierden o nunca se completan. PAMA está al tanto de estos problemas y sabe que sus operaciones generan condiciones inhabitables, pero estas prácticas comerciales han persistido durante años.

Cláusulas de alquiler engañosas

La demanda también alega que PAMA y las empresas relacionadas celebraron decenas de miles de contratos de alquiler con cláusulas ilegales y engañosas que intentan invalidar los derechos garantizados por la ley. Estos derechos incluyen el derecho del inquilino a demandar a su propietario y presentar su caso ante un jurado; a realizar reparaciones que el propietario descuidó y deducir el costo de dichas reparaciones del alquiler; y a que el propietario ejerza un deber de cuidado para evitar lesiones personales o daños a la propiedad personal.

PAMA también violó la ley de California al negarse a proporcionar traducciones en español de estos contratos de alquiler y otros documentos importantes, a pesar de solicitar de manera intencionada inquilinos hispanohablantes a través de publicidad en dos idiomas y la contratación de empleados hispanohablantes para llenar unidades vacantes y comunicarse con los inquilinos.  

Discriminación contra inquilinos con vales de la Sección 8 

La demanda alega además que PAMA y las empresas relacionadas discriminan a los solicitantes con vales de la Sección 8 que buscan una vivienda. Los vales de la Sección 8 ayudan a las familias de bajos ingresos a alquilar viviendas a propietarios privados, lo que permite que la familia pague parte del alquiler mientras el gobierno paga el resto. En California, es ilegal discriminar a un inquilino o solicitante de vivienda en función de su fuente de ingresos, incluida la recepción de asistencia de alquiler de la Sección 8. Las empresas de administración relacionadas con PAMA han violado la ley al decirles a los solicitantes con vales que hay una lista de espera para las unidades o que no hay unidades de alquiler disponibles, incluso cuando de hecho hay unidades disponibles y se están alquilando a solicitantes sin vales de la Sección 8. 

Aumentos ilegales de alquiler y otras conductas indebidas

La demanda del Fiscal General también alega violaciones a la Ley de Protección de Inquilinos de California (TPA) en más de 2,000 unidades, donde PAMA y empresas relacionadas trasladaron ciertos costos obligatorios de servicios públicos, que solían ser pagados por el propietario, a sus inquilinos. Para los inquilinos protegidos por la TPA, es ilegal que los propietarios ignoren el límite de alquiler cuando exigen a los inquilinos que paguen tarifas o cargos de servicios públicos nuevos o mayores. La denuncia alega que estas empresas comenzaron a cobrar a los inquilinos por servicios públicos compartidos, como el agua, a través de un sistema de facturación de servicios públicos proporcional, conocido como “RUBS”, obligando a los inquilinos a pagar cargos por servicios públicos que estaban fuera de su control. La combinación de estas nuevas tarifas de servicios públicos y los aumentos anuales del alquiler resultaron en aumentos totales de hasta el 20%: más del doble del límite de alquiler de la TPA. Además, PAMA y las empresas relacionadas violaron los requisitos de notificación de la TPA al no incluir en los contratos de alquiler de los inquilinos las divulgaciones exigidas por ley para que el inquilino sepa si las protecciones de la TPA (que incluyen controles de aumento de alquiler y limitaciones a los desalojos) se aplican a ellos. 

Además de las violaciones anteriores, la demanda alega que PAMA y las empresas relacionadas emitieron avisos de desalojo ilegales a docenas o cientos de inquilinos, y también que las empresas no han cumplido con los requisitos básicos de licencia inmobiliaria desde 2020.

Se alienta a cualquier persona, incluidos inquilinos actuales o anteriores, que tenga información que pueda ser relevante para este caso a que comparta sus historias con nuestra oficina en oag.ca.gov/report. 

Para obtener más información sobre sus derechos como inquilino, consulte aquí.

Una copia de la denuncia está disponible aquí.

OAKLAND — California Attorney General Bonta today filed a lawsuit against a group of property management and real estate holding companies owned by Southern California rental-housing tycoon Swaranjit “Mike” Nijjar, his sister Daljit “DJ” Kler, and other members of his family. The lawsuit filed today, after a three-year investigation, alleges Nijjar’s companies, commonly known as PAMA Management, egregiously violated numerous California laws by subjecting tenants to unsafe units marked by cockroach and rodent infestations, leaking roofs, overflowing sewage, and other problems. The lawsuit also alleges that the companies discriminate against applicants with Section 8 housing vouchers, overcharge some tenants for rent, and use leases that deceive tenants about their legal rights, among other violations. Most tenants living in PAMA properties have low or fixed incomes, and many are faced with the horrible choice between enduring serious and sometimes catastrophic conditions or becoming homeless. In the complaint filed today in Los Angeles County, Attorney General Bonta seeks penalties, full restitution for financial harm to tenants, disgorgement of ill-gotten gains, and injunctive relief barring Mr. Nijjar, PAMA, and related companies from continuing these unlawful and appalling business practices. 

“PAMA and the companies owned by Mike Nijjar and his family are notorious for their rampant, slum-like conditions — some so bad that residents have suffered tragic results. Our investigation into Nijjar’s properties revealed PAMA exploited vulnerable families, refusing to invest the resources needed to eradicate pest infestations, fix outdated roofs, and install functioning plumbing systems, all while deceiving tenants about their rights to sue their landlord and demand repairs,” said Attorney General Bonta. “Nijjar and his associates have treated lawsuit after lawsuit and code violation after code violation as the cost of doing business and have been allowed to operate and collect hundreds of millions of dollars each year from families who sleep, shower, and feed their children in unhealthy and deplorable conditions. Enough is enough — today, I step in. I am grateful to all the people who came forward, including the DOJ Consumer Protection Team, California reporters who sounded the alarm, local code enforcement officers who tirelessly respond to tenant complaints, and, most of all, PAMA tenants who spoke out about their distressing experiences.” 

Background 

The Nijjar family and their related companies own and manage over 22,000 rental housing units statewide, primarily in low-income neighborhoods in Los Angeles, Riverside, San Bernardino, and Kern Counties — but also spanning up to Sacramento and San Joaquin Counties. Code enforcement officers in these communities routinely cite the Nijjar family’s properties for violating minimum habitability standards. In recent years, the family’s companies have settled dozens of lawsuits alleging habitability defects and unsafe conditions; these lawsuits have involved hundreds of tenants, including some children who have become seriously injured at PAMA properties. In 2016, an infant died in a fire at one of PAMA’s mobile homes in Kern County — which was not permitted for human occupancy. 

Through this all, it has been business as usual for Mike Nijjar and his corporate entities, which continue to buy new properties, ignore tenants’ pleas for repairs, and operate under an expanding list of company names that makes it difficult for tenants to understand who they are renting from. Tenants may know them by the names of their current and recent property management companies: not only PAMA Management, but also, I E Rental Homes, Bridge Management, Equity Management, Golden Management, Hightower Management, Legacy Management, Mobile Management, Pro Management, and Regency Management. 

Following extensive reporting from the press and stakeholders, the California Department of Justice began an investigation into PAMA in late 2022 that uncovered widespread habitability violations and other egregious violations of tenants’ rights. 

Violation of Basic Habitability Standards 

The Attorney General’s lawsuit alleges that, through their failure to properly maintain units, PAMA and related companies put tenant safety and health at immediate risk. While PAMA units suffer from extensive maintenance issues, among the most common are:

• water intrusion from leaking roofs and outdated plumbing; 
• structural damage caused by water intrusion and deferred maintenance;
• malfunctioning plumbing, including surfacing sewage; and 
• cockroach and rodent infestations. 

These violations are not just a mistake; they are part of ongoing business practices. PAMA defers necessary investments in maintenance in favor of quick and cheap repairs; uses unskilled handymen even for specialized work; provides little to no training to staff, many of whom have no experience in property management; and fails to track maintenance requests in any systematic, routine fashion — requests are often lost or never completed. PAMA is aware of these issues and knows their operations lead to uninhabitable conditions, yet these business practices have persisted for years.

Deceptive Lease Terms

The lawsuit also alleges that PAMA and related companies entered into tens of thousands of leases with unlawful and deceptive terms that attempt to invalidate rights guaranteed by law. Such rights include the tenant’s right to sue their landlord and present their case to a jury; to make repairs that the landlord neglected and deduct the cost of such repairs from rent; and to have the landlord exercise a duty of care to prevent personal injury or personal property damage.

PAMA also violated California law by refusing to provide Spanish translations of these leases and other important documents, despite intentionally soliciting Spanish-speaking tenants through dual-language advertising and the hiring of Spanish-speaking employees to fill vacant units and communicate with tenants.  

Discrimination against Tenants with Section 8 Vouchers

The lawsuit further alleges that PAMA and related companies discriminate against applicants with Section 8 vouchers who are looking for a home. Section 8 vouchers help low-income families rent housing from private landlords, allowing the family to pay part of the rent while the government pays the rest. In California, it is unlawful to discriminate against a tenant or housing applicant based on their source of income, including their receipt of Section 8 rental assistance. Management companies related to PAMA have violated the law by telling applicants with vouchers that there is a waiting list for units, or that no rental units are available, even when units are in fact available and are being rented to applicants without Section 8 vouchers. 

Unlawful Rent Increases and Other Misconduct

The Attorney General’s lawsuit also alleges violations of California’s Tenant Protection Act (TPA) at over 2,000 units, where PAMA and related companies shifted certain mandatory utilities costs — which used to be paid by the landlord — onto their tenants. For tenants protected by the TPA, it is unlawful for landlords to ignore the rent cap when requiring tenants to pay new or increased fees or utility charges. The complaint alleges that these companies began charging tenants for shared utilities, like water, through a ratio utility billing system, known as “RUBS,” forcing tenants to pay for utility charges beyond their control. The combination of these new utility fees and annual rent increases resulted in total increases of up to 20% — more than double the TPA’s rent cap. Furthermore, PAMA and related companies violated the TPA’s notice requirements by failing to include in tenants’ leases legally mandated disclosures to let a tenant know whether the TPA’s protections — which include rent-increase controls and limitations on evictions — apply to them. 

In addition to the violations above, the lawsuit alleges that PAMA and related companies issued unlawful eviction notices to dozens or hundreds of tenants, and also that the companies have failed to comply with basic real-estate licensing requirements since 2020.

Anyone – including current or former tenants – who has information that might be relevant to this case are encouraged to share their stories with our office by going to oag.ca.gov/report. To learn more about your rights as a tenant, please visit here.  

A copy of the complaint can be found here. 

Meta must do better to protect consumers from financial harm 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta, as part of a bipartisan coalition of 42 attorneys general, today sent a letter to Meta expressing deep concern regarding a flurry of investment scam advertisements (ads) running on its platforms — including Facebook newsfeeds. These investment scam ads threaten the pockets of consumers nationwide and Meta's existing systems have been shown to be insufficient to address the problem. In response to this concerning trend, the attorneys general ask Meta to take immediate action to improve its capabilities to detect and respond to these ads.

“It’s alarming to see how easy investment scam ads — which have cost some consumers their life savings — can be created and disseminated on Meta platforms. This growing trend, combined with Meta’s inadequate method of identifying these ads and its significant delay in removing them, makes this a recipe for disaster,” said Attorney General Bonta. “Today, I urge Meta to prioritize the safety of its users against investment scam ads — Meta can and must do right by the millions of people that use its platforms.” 

Investment scam ads running on Meta's platforms deceive consumers with images of well-known investors. Upon clicking on the ads, users are prompted to download WhatsApp and become members of groups that are not in fact sponsored or affiliated with the investors identified in the ads.  They are then targeted in an illegal investment scheme, commonly known as a “pump and dump” scheme. As part of the scheme, scammers encourage users to invest in penny stocks, thus inflating or pumping up the stock price. Then the scammers quickly sell the stocks — leaving the users holding worthless stock that they can no longer sell to recover their losses. In some cases, these scams have resulted in users losing their life savings. The impact on victims is devastating, leading not only immense financial losses, but also significant psychological and social consequences. 

In the letter, the attorneys general urge Meta to adopt protocols to properly tackle this pervasive issue — or otherwise ban all investment ads on its platforms. Although Meta uses a combination of automated systems and occasional human review to try to detect, block, and remove these advertisements, these systems do not work and allow vast numbers of scam ads to get through to publication.  

The letter sent today highlights the latest way Meta fails to protect its users against harmful content. In 2023, Attorney General Bonta, along with a bipartisan coalition of attorneys general, sued Meta for its role in designing and deploying harmful features on Instagram and Facebook that addict children and teens to their mental and physical detriment. This lawsuit remains ongoing. Last year, Attorney General Bonta sent a letter to Meta expressing concern regarding the increase in account takeovers and lockouts on Facebook and Instagram and the inadequacy of the company’s response to prevent and address consumer harm from these takeovers.  

In sending today’s letter to Meta, Attorney General Bonta joins the attorneys general of Connecticut, New Hampshire, New York, Pennsylvania, Alaska, Arizona, Arkansas, Colorado, Delaware, Georgia, Hawaii, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Nevada, New Jersey, New Mexico, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, South Carolina, South Dakota, Utah, Vermont, Virginia, Washinton, West Virginia, Wyoming, the District of Columbia, American Samoa, and the U.S. Virgin Islands. 

A copy of the letter can be found here.

 Announcement comes following robust joint state-local investigation 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta along with San Diego District Attorney Summer Stephan, Alameda District Attorney Ursula Jones Dickson, Los Angeles County District Attorney Nathan Hochman, Marin County District Attorney Lori E. Frugoli, San Francisco District Attorney Brooke Jenkins, and Sonoma District Attorney Carla Rodriguez, today announced a settlement with Pacific Magazine Billing, resolving allegations that the company deceptively disguised solicitation mailers for magazine subscriptions as bills. As part of the settlement announced today, Pacific Magazine Billing agreed to pay $275,000 and is banned from participating in the mail order magazine solicitation industry. 

“In California, we boast nation-leading consumer protection laws — robust tools my office and the offices of local law enforcement partners can use to protect our residents. Pacific Magazine Billing used dishonest tactics to trick recipients into thinking they owed money to get consumers to sign up for a magazine subscription,” said Attorney General Rob Bonta. “Today, the settlement secured by my office and our law enforcement partners sends a clear message to companies looking to make a buck off unsuspecting Californians: If you deceive consumers, we will go after you, it’s that simple.” 

“Deceptive business practices that exploit unsuspecting people in Alameda County will not be tolerated, and this joint settlement shows business owners will be held to account for their actions,” said Alameda District Attorney Ursula Jones Dickson. 

“My office will not tolerate unscrupulous companies profiting from deception,” said Los Angeles County District Attorney Nathan J. Hochman. “Pacific Magazine Billing is accused of disguising third party offers as legitimate invoices in order to trick consumers into paying fake bills — conduct specifically prohibited by state and federal consumer protection laws. Our office will protect consumers from being tricked by these large companies. The Los Angeles County District Attorney’s Office vigorously fights for consumers in our county, and when companies violate consumer protection laws across the state, we proudly partner with fellow district attorneys and the Attorney General to hold violators accountable.”

“The Company’s business model was a scheme built on deception,” said Marin County Deputy District Attorney Michael Wear. “Consumers believed they were paying legitimate bills, when in fact they were being scammed. Our action puts a stop to Pacific Magazine Billing’s fraudulent practices.”

“My office is committed to protecting consumers in San Francisco and around the State from direct mailers that are deceptive or misleading,” said San Francisco District Attorney Brooke Jenkins. “I encourage any consumer who receives an unsolicited mailer that seems confusing or just not right to contact my office’s consumer protection unit. I also want to thank my fellow District Attorneys and our partners in the Attorney General’s Office for working jointly to address the conduct alleged in this case.”

“Our Environmental and Consumer Law Division is committed to holding businesses and individuals accountable when they mislead California consumers,” said Sonoma District Attorney Carla Rodriguez. “We are pleased that we were able to work with the California Attorney General and other California District Attorneys around the state to stop this practice.”

Spurred by consumer complaints, in late 2022 the District Attorneys’ offices and the California Department of Justice launched a joint investigation into Pacific Magazine Billing. The investigation revealed that between 2016 and 2022 the company blasted out tens of millions of mailers that looked like bills for existing magazine subscriptions, when the mailers were in truth solicitations designed to deceive consumers into unknowingly starting or renewing subscriptions. 

The settlement announced today resolves allegations that in sending the mailers, Pacific Magazine Billing misled consumers and violated California’s False Advertising and Unfair Competition Laws. As part of the settlement, Pacific Magazine Billing will pay a total of $275,000 in combined civil penalties and other payments that will be used to fund the enforcement of consumer protection laws. The company has also agreed to strong injunctive terms that permanently stop it from issuing solicitations for any magazine subscriptions and mailing solicitations designed as bills in any other business effort. 

Attorney General Bonta is committed working with law enforcement partners up and down the state to protect California consumers. In April, Attorney General Bonta in partnership with Napa County District Attorney Allison Haley and Santa Barbara County District Attorney John T. Savrnoch, announced a settlement with HomeOptions, a realty company based in Oakland that engaged in a predatory real estate scheme impacting over 500 California homeowners, and its Chief Executive Officer. In 2024, Attorney General Bonta, along with Los Angeles City Attorney Hydee Feldstein Soto, announced a $500,000 settlement with Tilting Point Media LLC resolving allegations that the company violated state and federal laws by collecting and sharing children’s data without parental consent in their popular mobile app game “SpongeBob: Krusty Cook-Off.” In 2023, Attorney General Bonta, along with District Attorneys from Merced, Ventura, and Yolo Counties, announced a settlement against Walmart over allegations that illegal weapons were sold to California consumers by Walmart and by third-party sellers through Walmart’s website.

A copy of the complaint and final judgement can be found here and here. The settlement is pending court approval.

SAN FRANCISCO — California Attorney General Rob Bonta today hosted business leaders on the front lines of the tariff war for a roundtable conversation to discuss the impacts of tariffs on industries across California. The roundtable in San Francisco comes on the heels of California filing a lawsuit against the Trump Administration for its imposition of illegal and chaotic tariffs, and included leaders with a birds-eye view of industries spanning workforce development, global trade, transportation, housing development, and local economies and small businesses. President Trump’s erratic tariffs are wreaking havoc on the U.S. financial system and causing uniquely immense harm to California’s economy, which as the fourth largest economy in the world, remains a major driver of our national economy. 

The tariffs challenged under California’s current lawsuit are projected to shrink the U.S. economy by $178 billion, cost California consumers $25 billion, and result in the loss of over 64,000 jobs throughout California.  

“The Trump Administration’s chaotic tariffs have sent shockwaves through financial markets, businesses, and consumers in every corner of the globe — and especially here in California, home to the fourth largest economy in the world,” said Attorney General Rob Bonta. “Today, I heard from leaders on the front lines concerned about the disastrous impact of tariffs on their industries and businesses. These folks are the bellwethers for our state and have sounded the alarm — I thank them deeply for their time and candor. California will continue to fight on all fronts to end President Trump's illegal tariffs and restore certainty and vibrancy to our economy.” 

"Dramatic shifts in trade policy and increases in tariff costs can cause disruptions which threaten millions of jobs and billions of dollars in local, state and federal tax revenue," said Jennifer Cohen, Vice President of Government Relations for the Pacific Merchant Shipping Association. "It is critical that we avoid volatility and uncertainty in the marketplace that impedes American access to essential goods, components used in US manufacturing, and export markets for agriculture. The importance of maintaining the integrity of the ports and maritime supply chains on the US West Coast that undergird our international commercial relationships are vital to all Americans, not just Californians."

"Uncertainty is never a good thing for businesses of any size, especially those with limited resources who cannot ride out wild fluctuations — particularly in the pricing and availability of goods and services. Small businesses are the heart of our local economies and communities, and operate on razor thin margins. When you combine higher operational costs with the fact that consumers are pulling back on purchases as prices rise, the result is devastating,” said Peter Katz, Co-Chair Silicon Valley Chamber Coalition. “Already, a significant number of family owned restaurants and merchants have seen increased expenses in essential supplies, from food costs to packaging to raw materials. These businesses do not have the luxury of waiting months — or years — for things to normalize."  

Attorney General Bonta is committed to challenging the illegal tariffs that threaten California jobs, businesses, and consumers. On April 16, Attorney General Bonta and Governor Newsom filed a lawsuit challenging President Trump’s unlawful use of power to impose tariffs and direct agencies within the administration to implement and enforce those tariffs without the consent of Congress. Last week, California filed a motion for a preliminary injunction with the U.S. District Court for the Northern District of California to stop the Trump Administration’s illegal tariffs while litigation in their case proceeds and filed an amicus brief in the Court of International Trade in Oregon v. Trump, another case also challenging President Trump’s illegal imposition of tariffs. 

More information about the lawsuit can be found here. 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today joined a coalition of 40 attorneys general in sending a letter to Congressional leaders opposing a proposed 10-year ban on states enforcing any state law or regulation addressing artificial intelligence (AI) and automated decision-making systems. The ban was included in the House Energy and Commerce Committee’s changes to the budget reconciliation bill. In the letter, the attorneys general note that the ban, particularly when combined with the lack of any movement toward a federal regulatory framework, would leave this fast-moving area of law and technology completely void of regulation — wiping away any state-level frameworks already in place and effectively depriving consumers of reasonable protections.

“As the fourth largest economy in the world — built in large part on technological innovation and a commitment to protecting our residents — California knows that consumer protections and innovation go hand in hand. Allowing states to be responsive to AI and adopt new protections while still nurturing innovation serves both industry and consumers,” said Attorney General Bonta. “I strongly oppose any effort to block states from developing and enforcing common-sense regulation; states must be able to protect their residents by responding to emerging and evolving AI technology.”

BACKGROUND 

AI systems affect nearly all aspects of everyday life. Businesses use AI systems to evaluate consumers’ credit risk and guide loan decisions, screen tenants for rentals, and target consumers with ads and offers. AI systems are used in the workplace to guide employment decisions, in educational settings to provide new learning systems, and are widespread in health care settings where they’re used to guide medical diagnosis and treatment, healthcare provider operations, and insurance coverage decisions.  

The promise of AI raises exciting and important possibilities. But, like any emerging technology, there are risks to adoption without responsible, appropriate, and thoughtful oversight. AI systems are novel and complex, and their inner workings are often not understood even by developers and entities that use AI, resulting in situations where AI tools have generated false information or biased and discriminatory results. 

In the absence of federal action to install this oversight, states have considered and passed legislation to protect their residents and address a wide range of harms associated with AI and automated decision-making. 

In California, this includes laws to prohibit deep-fakes designed to mislead voters and consumers, require basic disclosures when consumers are interacting with specific kinds of AI, and ensure that doctors supervise AI tools used to make decisions about healthcare services and insurance claims. In January, Attorney General Bonta issued two legal advisories reminding consumers of their rights and advising businesses and healthcare entities who develop, sell, or use AI about their obligations under California law. Although AI technology is developing rapidly, entities must comply with existing California laws, as well as new laws that went into effect on January 1, 2025. 

In sending today’s letter, Attorney General Bonta joins the attorneys general of Colorado, Tennessee, New Hampshire, Vermont, American Samoa, Arizona, Arkansas, Connecticut, Delaware, District of Columbia, Hawaii, Illinois, Indiana, Kansas, Louisiana, Maine, Maryland, Massachusetts, Michigan, Minnesota, Mississippi, Nevada, New Jersey, New Mexico, New York, North Carolina, North Dakota, Ohio, Oklahoma, Oregon, Pennsylvania, Rhode Island, South Carolina, South Dakota, Utah, U.S. Virgin Islands, Virginia, Washington, and Wisconsin. 

A copy of the letter can be found here. 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today appealed the Northern District of California’s decision to block enforcement of the Age-Appropriate Design Code Act, in response to a lawsuit brought by an online trade association representing companies such as Google, Meta, Amazon, and Twitter.

“We are deeply concerned about further delay in implementing protections for children online. That is why, today, my office has appealed the Northern District of California’s decision blocking enforcement of the Age-Appropriate Design Code,” said Attorney General Rob Bonta. “I am committed to making social media safer for children by defending California’s commonsense statutes — our kids’ safety cannot wait.”

"Every parent knows that our children are exposed to too much harm online, and they are demanding that tech companies take more responsibility for their actions,” said Assemblymember Buffy Wicks (D-Oakland). “The court’s ruling was a gut punch to families across California, but I’m incredibly grateful to Attorney General Bonta for stepping up and fighting back. His decision to appeal sends a clear message: we won’t let tech giants put profits over the safety of our children. I’m more committed than ever to this fight — and I won’t back down until real protections are in place.”

The California Age-Appropriate Design Code Act is a first-in-the-nation law aimed at safeguarding children online. The act requires that businesses that trade in consumers’ personal information and offer products, services, and features likely to be accessed by children proactively protect their young users’ information and prohibits certain actions that involve the collection and use of that information.

Authored by Assemblymember Buffy Wicks (D-Oakland) and Assemblymember Jordan Cunningham (R-San Luis Obispo), the California Age-Appropriate Design Code Act was signed into law by Governor Gavin Newsom on September 15, 2022. The Legislature unanimously passed the law, finding that more needs to be done to create a safer online space for children to learn, explore, and play. Despite businesses’ awareness that children use their services, businesses currently design their online services to include features that may be harmful to children, including manipulative techniques to prod them to spend hours on end online or provide personal information beyond what is expected or necessary. 

A copy of the notice of appeal can be found here. 

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today issued a statement amid concerns that the Trump Administration or people associated with the administration engaged in insider trading or other illegal financial transactions, informed by advanced knowledge of non-public information regarding the President’s changes of tariff policy. On April 9, President Trump's decision to ease most tariffs caused the financial markets to predictably skyrocket after crashing and undergoing wild fluctuations since early April, when global tariffs were announced. 

“The President’s actions and potential profit by associates from the chaos and turmoil that cost Americans trillions of dollars is deeply troubling. California consumers and business are concerned amid this uncertainty — as the fifth largest economy in the world, California understands global trade policy is not a game,” said Attorney General Bonta. “From wreaking havoc on 401(k)s and pension funds to making everyday items more expensive — this game he’s playing has very real consequences for everyday Californians. The possibility that the chaos created by the President could also be lining the pockets of his buddies, donors, or family members is even more unconscionable. My office is monitoring the situation and expects the appropriate agencies to investigate potential insider trading."

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today issued a consumer alert asking Californians to be aware of job recruitment scams. Job recruitment scams occur when bad actors trick job seekers into providing money or personal information by posing as employers, recruiters, or job placement agencies. These scams often promise high-paying jobs with urgent hiring, little qualifications, or the opportunity to work from home — and can sometimes be a front to recruit job seekers to assist with criminal activity. Scams can occur through various forms of communication including text messages, phone calls, and postings on online job sites. According to the Federal Trade Commission (FTC), job and fake employment agency scams are one of the top forms of fraud. Losses from these scams have nearly tripled from 2020 to 2024, with consumers losing $501 million in 2024. 

“As job recruiting scams become more popular, I urge Californians to exercise caution and be wary of offers that sound too good to be true,” said Attorney General Bonta. “Remember if a stranger offers you a job you didn’t apply for, it’s most likely a scam."

Learn the Warning Signs

There are many potential signs of a job scam. Be wary if the job posting or email exhibits any of these signs:

• Asks for money.
• Asks for you to make purchases on their behalf — such as gift cards.
• Asks you to share your credit card number or bank details.
• Asks you to receive or send money or packages for people you don’t know or haven’t met in person.
• Promises easy money – especially if it involves sending or receiving money or packages.
• Asks you to open a bank account or cryptocurrency account at someone else’s direction.
• Claims to offer a “secret” list of government jobs or a chance to get on an inside track for government employment for a fee. Government job listings are always free —find them at jobs.ca.gov, usajobs.gov, or about.usps.com/careers.
• Lists a company without an established physical office. 
• Gives a short timeline or puts pressure on you to urgently respond.  

Spot the Scam: What are Money Mules?

Job recruitment scams can also be used to recruit unsuspecting job-seekers, sometimes called money mules, to assist with criminal activity. If someone you don’t know sends you money and asks you to forward or transfer the money, you could be fueling fraud. Transferring money on behalf of others not only furthers criminal activity, but it could also lead to consequences for consumers, like losing money or serving jail time. 

Protect Yourself from Job Scams

If you receive a possible scam message: 

• DO NOT CLICK ON THE LINK. If you think a text or message could be legitimate, contact the company using a website or phone number you know is real — not the information in the text.
• Do some research. Search online for the name of the company and words like “review,” “scam,” or “complaint.” If you can’t find the company online, steer clear.
• File a complaint. File a complaint with the FBI, the Federal Trade Commission, and our office. Be sure to include the phone number from where the text originated, and the website listed within the text.
• Delete any scam texts or messages received. 

Continues fight against annoying and harmful robocalls and robotexts   

OAKLAND — California Attorney General Rob Bonta today joined a bipartisan coalition of 51 attorneys general in sending warning letters to nine companies responsible for transmitting substantial robocall traffic, including high-volume robocall campaigns concerning government and financial imposters, credit card interest rate reductions, Medicare scams, political impersonations, cable discount scams, and utility disconnect scams, among others.

“I don’t have to tell Californians that robocalls are annoying and disruptive — but it is important to also remember that many times these calls are illegal and are used to scam unsuspecting people out of their hard-earned money,” said Attorney General Bonta. “Today, my fellow attorneys general and I sent warning letters to companies responsible for facilitating robocalls concerning Medicare, cable discount, and utility scams, among other calls. I am proud to join in this national, bipartisan effort to protect consumers from unwanted robocalls and the risk of financial harm.” 

In the warning letters, Attorney General Bonta and the attorneys general on the nationwide Anti-Robocall Multistate Litigation Task Force (Task Force) warn companies that they must stop transmitting unlawful call traffic immediately, as they violate state and federal laws. If these providers continue to transmit robocalls, the Task Force may pursue further legal actions against these companies and their owners. In the warning letters, the Task Force also informs the providers that it has shared the findings of its investigations with the Federal Communications Commission’s (FCC) Enforcement Bureau.

Warning letters were sent to: 

• All Access Telecom
• Lingo Telecom 
• NGL Communications
• Range 
• RSCom Ltd 
• Telcast Network 
• Telcentris (known as Voxox) 
• ThinQ Technologies (known as Commio)
• Global Net Holdings 

The Anti-Robocall Multistate Litigation Task Force of 51 bipartisan attorneys general investigates and takes legal action against those responsible for routing significant volumes of illegal robocall traffic into and across the United States.

Attorney General Bonta is committed to enforcing consumer protections in the state of California and speaking out for consumer protections nationwide, including working to put a stop to illegal robocalls. In March, Attorney General Bonta submitted an amicus brief in support of a FCC rule which would limit unwanted robocalls and robotexts by closing a loophole that bad-acting lead generators try to use to trick a consumer into “consenting” to calls from potentially thousands of companies.

In 2024, Attorney General Bonta: 

• Sent warning letters to four telecom companies for transmitting suspected illegal robocall traffic on their networks — including robocalls that impersonated government officials or involved scams.
• Submitted a comment letter to the FCC in support of its proposed rules to protect consumers by increasing the effectiveness of the FCC’s Robocall Mitigation Database.
• Sent a warning letter to a telecom company responsible for transmitting suspected illegal robocall traffic, including robocalls that impersonated government officials. 
• Sent a warning letter to a company that allegedly sent New Hampshire residents scam election robocalls during the New Hampshire primary election. 
• Filed a comment letter to the FCC related to the potential impact of emerging artificial intelligence (AI) technology on efforts to protect consumers from illegal robocalls or robotexts. 

In May 2023, Attorney General Bonta, as part of a bipartisan coalition of 49 attorneys general, announced a lawsuit against Avid Telecom for allegedly initiating and facilitating billions of unlawful robocalls that included Social Security Administration scams, Medicare scams, and employment scams. 

Copies of the letters can be found here.